Ante las reacciones que provocó el proyecto de reforma sobre la “supremacía constitucional”, el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República aceptó hacer modificaciones al proyecto, para no hacer cambios más profundos a la Constitución que pudieran “mal interpretarse” como un dominio del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial.
En esencia, lo que pretende la reforma de “supremacía constitucional” consiste en garantizar que cualquier cambio aprobado por el Poder Legislativo a la Constitución Política no pueda ser impugnado en el Poder Judicial, sino que se respete en sus términos.
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Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, comentó a la prensa que se retirarán del proyecto los cambios a los artículos 1 y 105 constitucionales, así como una serie de artículos transitorios.
En cambio, se conservarán las modificaciones a los artículos 103 y 107 constitucionales.
“No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”, dijo el legislador que también es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara alta.
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“Es mejor no mover el artículo 1 constitucional y esa modificación no va, se retira. Estamos prácticamente tratando de retirar también el 105 y nada más dejar el 103 y el 107”,aseguró el legislador.
Sobre los transitorios también comentó la conveniencia de no aprobarlos, para no provocar “una crisis constitucional en el sentido de que el Poder Legislativo quiere estar encima del Poder Judicial”.
En este sentido, Óscar Cantón explicó que la intención de la reforma de “supremacía constitucional”, solo consiste en plasmar dentro de la Carta Magna que, aquellas enmiendas o adiciones que haga el Poder Legislativo a la Constitución, sean respetadas y que el Poder Judicial no intente revertirlas.
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La reforma de la “supremacía constitucional” es un recurso de los grupos parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados para impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretenda discutir y en su caso revocar la polémica reforma al Poder Judicial.
Actualmente, juzgados federales han aceptado a trámite decenas de juicios de amparo de empleados del Poder Judicial y de ciudadanos que se consideran afectados por la reforma judicial.
Incluso, los juzgados federales han liberado como medidas cautelares, suspensiones para que el gobierno federal retire la publicación de dicha reforma y que no la ponga en práctica, en lo que concluyen los juicios de amparo.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, su consejera Jurídica, Ernestina Godoy Ramos, y los líderes de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados han dicho que son improcedentes los juicios de amparo contra la reforma judicial y que los jueces que han librado las suspensiones se han extralimitado.
En esta serie de desencuentros entre el gobierno federal y el Poder Judicial sobre la reforma judicial, los grupos parlamentarios de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores tomaron la decisión de impulsar la iniciativa de la “supremacía constitucional”, en un intento por poner un dique al Poder Judicial contra la reforma judicial.
Sin embargo, el proyecto de “supremacía constitucional” ha generado dudas y temores por sus alcances, ya que implicaría para México desconocer las convenciones internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado nuestro país, y también puede dejar a los mexicanos en la indefención ante la imposibilidad de inconformarse cuando consideren que una ley afecte sus derechos elementales.
GC
