La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado, de 2017 a 2024, a más de 10,000 servidores públicos del nivel federal por no haber presentado su declaración patrimonial.
Consecuencia de esta omisión, unos 243 han sido destituidos de su cargo, mientras que otros 4,800 fueron inhabilitados, según información de la misma dependencia.
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La cifra global abarca a 228 dependencias del orden federal, desde la misma Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, hasta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Como se sabe, una obligación que tienen los servidores públicos consiste en hacer su declaración patrimonial anual, en la que deben informar cuáles son todos sus bienes, para así tener un seguimiento de su condición económica al ingresar al sector publico y a lo largo de su permanencia en cargos públicos.
Este trámite debe realizarse todos los años en el mes de mayo y puede presentarse en línea.
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La SFP también informó que en lo que va del presente sexenio se han impuesto más de 15,266 sanciones administrativas a 12,575 empleados federales, así como multas por más de 10,135 millones de pesos (mdp).
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de julio de 2024, las sanciones administrativas consistieron en 4,213 amonestaciones públicas y privadas, 5,781 inhabilitaciones, 3,923 suspensiones, 726 destituciones y 623 sanciones económicas.
La SFP aclara en sus reportes que una sola persona puede tener más de una sanción al ser sorprendida en incumplimientos o faltas a sus responsabilidades como servidora pública, aunque también en las cifras deben considerarse diferentes medios de defensa que hayan presentado los empleados castigados.
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Entre las causas más relevantes que han motivado las 15,266 sanciones administrativas se encuentran: 6,201 por negligencia administrativa, 7,124 por incumplimiento en la declaración patrimonial, 281 por violación a procedimientos de contratación y 1,725 por diversas razones.
La SFP también informó que ha enviado unos 2,814 expedientes de funcionarios públicos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), al considerarse que han cometido faltas o incumplimientos muy graves, en aras de que el Tribunal defina el tratamiento más adecuado para esos casos.
(Con información de Milenio diario)
