Este lunes 24 de agosto dará inicio el ciclo escolar 2020-2021, por lo que se espera el regreso a clases de 30 millones de alumnos de todo el país.

Sin embargo, las circunstancias de este nuevo año son muy diferentes a los inicios pasados, pues las actividades académicas se llevarán a cabo “a distancia” con “Aprende en casa II”, debido a la pandemia del Covid-19.

El pasado 3 de agosto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, indicó que, derivado de que no existen las condiciones sanitarias para retomar las clases presenciales, el ciclo escolar tendrá que comenzar bajo este concepto, pues “no es posible ni prudente regresar a las escuelas”.

“Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestros y maestros que extrañamos, sin embargo, el riesgo para salud y la vida sigue siendo alto.

“La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia o de lo contrario nos puede suceder como a Israel, Corea de Sur, Reino Unido y Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar”, dijo el secretario en aquella ocasión, en la que reiteró que las lecciones presenciales se retomarán cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde.

Días después, el gobierno federal anunció una inversión por 450 millones de pesos para la transmisión de clases de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior en cuatro televisoras.

De esta forma, Televisa, TV Azteca, Milenio e Imagen estarán divulgando las clases de nivel básico para los 30 millones de alumnos. Igualmente se sumarán los canales del sector público: 11, 22 y 14, además de la red de televisoras de los estados.

Los retos:

Pese a que el ciclo escolar anterior cerró bajo un concepto parecido, la nueva situación ha generado dudas y retos, no sólo para los alumnos y maestros que no cuentan con las herramientas necesarias para darle seguimiento al curso, sino también para el gobierno federal, pues lo anterior tendrá un importante impacto a la economía nacional, ya que las clases desde casa podrían complicar las actividades laborales de profesores y de padres de familia, además de que se prevé un duro golpe para las escuelas privadas.

De acuerdo con el gobierno, para el 10 por ciento de los alumnos (tres millones) que no cuentan con televisión, el contenido de Aprendiendo en Casa se transmitirá a través de estaciones de radio, no obstante, expertos en derecho a la información resaltan que la estrategia de transmisión en este medio de comunicación no ha quedado clara, además de que no se ha dado una alternativa para que este sector de la población pueda cumplir con la presentación de los materiales derivados de la educación a distancia que permitan evaluar la funcionalidad de la estrategia, entre otras cosas.

En respuesta, el gobierno aseveró que todos los estudiantes tendrán acceso a la educación, y que en las zonas donde los niños no cuenten con televisión, se garantizará que puedan darle seguimiento por radio, a lo que se añadirá la entrega de materiales como cuadernillos de trabajo, libros de texto gratuito y se les dará atención especial.

A este reto se suman las limitaciones que tienen algunos maestros respecto a las herramientas de trabajo que requieren para laborar bajo este concepto, pues de acuerdo con datos del Inegi, cuatro de cada diez profesores de educación básica no cuentan con una computadora, es decir, 317 mil docentes (26.1 por ciento de los poco más de un millón 217 mil maestros en México).

Además, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, más de 315 mil maestros (25.9 por ciento) viven en hogares sin acceso a internet, lo que complicará el proceso educativo.

Cabe mencionar que la brecha es aún más amplia para las zonas rurales y para la educación indígena.

Al respecto, la SEP apuntó en alguna de sus conferencias que únicamente 20 por ciento de los profesores no logró ponerse en contacto con sus alumnos en las clases a distancia del ciclo pasado, pues quienes no contaban con computadora, utilizaban su teléfono celular.

Lo anterior fue muy criticado por el “aspecto de opacidad” con el que el gobierno ha tratado de resolver los obstáculos para la educación en plena pandemia.

Este actuar también ha golpeado a las familias que ya no han podido pagar las escuelas particulares de sus hijos y que optaron por inscribirlos en escuelas públicas.

Según datos de expertos, son cerca de dos millones de alumnos los que habrían dejado las escuelas particulares para formar parte del sistema educativo público, esto a raíz de que sus padres se quedaron sin trabajo o sus ingresos fueron reducidos a causa de la contingencia.

Para ellos, hay una mayor preocupación, pues hasta este 23 de agosto (un día antes del inicio del ciclo), no conocen si sus hijos fueron aceptados en alguna escuela, pese a que la autoridad en educación garantizó que serían informados por correo electrónico desde días antes.

Otros padres, de niños que fueron reinscritos en escuelas públicas de forma automática han expresado su inquietud debido a que, a unas horas de iniciar clases, no han tenido comunicación con los maestros de sus hijos.

A ellos se suman los jefes de familia que tienen que asistir a trabajar y que no pueden estar pendientes de sus hijos en esta nueva forma de enseñanza. En el pasado les favorecían las escuelas de tiempo completo o el servicio de guarderías o colegios particulares con actividades extracurriculares, mismos que ahora no están laborando debido a la pandemia del Covid-19.

La situación no sólo es crítica para todos ellos, también lo es para el propio sector, pues con la salida de alumnos de escuelas privadas, éstas corren el riesgo de caer en bancarrota, ya que también han sufrido el impago de las colegiaturas de muchos de sus estudiantes, a causa de la crisis derivada del Covid-19.

Sobre el tema, la SEP hizo un llamado a las escuelas particulares, a los padres de familia y tutores, a que busquen un consenso, sean solidarios y tengan un acercamiento sobre los pagos de inscripciones, reinscripciones, colegiaturas y demás conceptos durante la contingencia sanitaria, a fin de no afectar la educación de los menores de edad.

En un boletín, la dependencia expuso que, en caso de controversia, se puede acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a fin de conciliar y acordar lo mejor para ambas partes. Sin embargo, tanto para la SEP como para la Profeco, la emergencia sanitaria no es pretexto ni libera al consumidor de sus obligaciones de pago, ya que los alumnos no reciben clases presenciales debido a una causa de fuerza mayor.

Ello, a unas horas de iniciar las clases, tiene contra la pared a los padres de familia, que no tienen un ingreso debido a que perdieron su trabajo o su salario fue reducido a causa de la pandemia, pero también tiene de cabeza a las escuelas particulares, que no han recibido los pagos y tampoco han obtenido apoyo ni asesoría por parte del gobierno federal.

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