Raúl Cervantes presentó su renuncia irrevocable como procurador General de la República ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores. En este mes de octubre Cervantes Andrade cumplió un año en el puesto dejado por Arely Gómez.
“Hace prácticamente un año, gracias al nombramiento del Presidente de la República y a la ratificación del Senado, me convertí en el 43º Procurador General de la República”, detalló.
Durante su último acto como procurador aseguró que se ha avanzado en varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios “que se sentían intocables”.
“Pero estos logros no son suficientes. No podemos ir más rápido, ser más eficientes sino hacemos ya la transición a un nuevo esquema institucional que asegure día a día mejores resultados en el combate a la delincuencia sin dejar atrás la impunidad”, expuso ante la Jucopo.
Agregó que la dependencia ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción que en América Latina y México se hayan visto.
“El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones.”, agregó Cervantes Andrade.

Ya no hay excusas para nombrar a fiscal

Raúl Cervantes Andrade acusó a “algunos” legisladores y políticos de usar su nombre y sus “supuestas aspiraciones como excusa para no avanzar en aprobación de las leyes”, que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en México.
“Yo no tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”, abundó el ahora ex procurador.
Cervantes espera que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores tengan altura de miras y aprueben en breve las leyes que aseguren una Fiscalía General y Fiscalías eficaces, autónomas e independientes en todas las entidades. En este sentido adujo que la Fiscalía autónoma fue pensada para que se dedique con eficacia e imparcialidad a la persecución de delitos y que, a la par, deje de ser la representante legal del Ejecutivo federal. OC