El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que el limitar la semana laboral de 48 a 40 horas podría aumentar hasta 36% el costo laboral en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del país.
En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expuso que la magnitud del impacto, según la decisión de las empresas, puede ser variado, pero el hecho es que la mayor afectación sería sobre el costo de contratación del trabajador.
“Por ejemplo, si una empresa en la que los empleados trabajan 48 horas por semana decidiera continuar al mismo ritmo de trabajo pagando horas extras para conservarlo, enfrentaría un aumento del costo laboral que podría llegar a 36%, y sería muy superior si el número de horas extras es mayor”, calculó.
Según el Centro, si las MiPymes deciden sólo contratar nuevos trabajadores para compensar la reducción de la jornada laboral, es probable que el aumento del costo laboral sea menor, pero seguiría siendo un golpe relevante, pues podría significar un incremento de hasta 22 por ciento.
Lo anterior porque el porcentaje de trabajadores que superan las 40 horas de trabajo a la semana equivale a más de 60 por ciento.
“Es posible que haya alternativas para moderar el aumento de costos que implica la reforma, aunque es un hecho que estas serían mucho más limitadas para las MiPymes”, acentuó el organismo del CEESP, el cual añadió que preocupa que, además de los efectos de la reducción de la semana laboral, las empresas han tenido que enfrentar otros factores que han incidido directamente en sus costos laborales.
Sobre lo anterior, se refiere a los aumentos de los salarios mínimos, las mayores contribuciones de las empresas que implica la reforma de pensiones del 2021 y las vacaciones adicionales legisladas hace dos años. Un ambiente como este solo estimula la informalidad y hace a la economía menos productiva y competitiva.
“Evidentemente, las empresas privadas no es que estén en contra de mejorar las condiciones laborales. […] La realidad es que, en la situación actual, se ven forzadas a reducir sus operaciones y sus costos sacrificando empleo”, subrayó.
El CEESP añadió que dichos elementos ya se reflejan en el empleo formal y significa problemas en el bienestar de los hogares.
Cabe mencionar que las cifras más recientes del IMSS señalan que en abril el universo de patrones registrados se redujo en 26,420 respecto al mismo mes del año pasado con su consecuente impacto en el total de trabajadores registrados.
“El gobierno no genera empleos, pero sí tiene la obligación de propiciar un ambiente que le permita a las empresas tener la capacidad de crear el mayor número de puestos de trabajo de la mayor calidad posible”.
Según el Centro, esa es “la mejor manera de fortalecer la situación de los hogares y eliminar la pobreza de forma permanente, más allá de programas asistenciales que pueden limitar el incentivo de las personas a ser productivas”.
No obstante, “las autoridades han sido renuentes a reconocer el deterioro en las condiciones económicas”.
“En este contexto de desaceleración económica y creciente incertidumbre comercial y jurídica, es probable que el impacto negativo en el empleo y el bienestar de los hogares sea aún mayor”, concluyó el organismo del CCE.
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