El empresariado está en su derecho de impugnar, respondió Olga Sánchez Cordero a los alzamientos contra la reforma planteada a la Ley de la Industria Eléctrica.
“Si alguien está inconforme podría en su momento poder impugnar lo que a su derecho corresponda en esta materia”, dijo la secretaria de Gobernación el miércoles en conferencia de prensa matutina.
El 1 de febrero, día en el que inició un nuevo período ordinario en el Congreso federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió una iniciativa de ley al Legislativo para modificar la Ley de la Industria Eléctrica.
La iniciativa alega que la Reforma Energética fracturó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que sugiere modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica “a fin de fortalecer a la empresa productiva del Estado […] para beneficio del interés nacional”.
Estos cambios limitarían la inversión del sector privado en centrales de energía renovable, dando prioridad a la CFE.
La IP repudió la iniciativa. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que ésta buscaba dar una ventaja injusta a la CFE en el mercado eléctrico, calificando la jugada legislativa como una forma de “expropiación indirecta”.
La política energética de AMLO ha sido una fuente de fricción entre su gobierno y el empresariado tanto nacional como internacional prácticamente desde que arrancó el sexenio. El presidente anunció desde un comienzo su plan para “rescatar” a las empresas estatales en el sector energético (Pemex y CFE).
Varios de sus esfuerzos por modificar el marco regulatorio del sector han sido mal recibidos por la IP, que considera que el gobierno busca dar prioridad a sus empresas. AMLO y sus funcionarios han respondido a las acusaciones asegurando que lo único que buscan es “piso parejo”.
“Esta rectoría del Estado en un sector tan estratégico, de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica […] no significa que no vayan a participar los particulares con ciertas reglas, con ciertos límites y con ciertas reglas”, declaró Sánchez Cordero el miércoles.
La iniciativa llegó al Congreso con sello de trámite preferente. Es decir, recibirá trato preferencial en el Legislativo, por lo que su proceso de dictaminación, análisis y votación sería más veloz.
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