En aras de garantizar la autosuficiencia en el abastecimiento de armas para las corporaciones policiacas del país, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) analiza la posibilidad de producirlas en sus fábricas.
Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, expuso que México puede sustituir las importaciones de armas y de esa manera no depender de proveedores extranjeros, con la ventaja de que puede ser más fácil para las autoridades tener un control más preciso de las armas que se distribuyen en el país.
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“Hay un proyecto que, dentro de nuestra industria militar (…) tengamos la posibilidad de fabricar armas para la policía, como lo hacemos actualmente para nuestra institución”, aseguró el funcionario en la conferencia de prensa de todas las mañanas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la presente administración, las fuerzas armadas han logrado aumentar sus capacidades productivas, lo cual hace factible un proyecto de este tipo, insistió el jefe de la Defensa Nacional.
Por tratarse de aparatos esenciales para la seguridad, los procesos de compra de armamento son cuidadosos y sus trámites pueden tardarse varios meses, incluso un año, lo que implica tiempo perdido para las fuerzas de seguridad, destacó Sandoval González.
Asimismo, el funcionario comentó que una producción nacional puede contribuir a “tener un control del armamento y las municiones de todo lo que tiene que ver con las armas de la policía”.
Luis Cresencio Sandoval hizo estos comentarios en el contexto de una gira que realiza López Obrador en el estado de Sonora, en donde el gobernador de esa entidad, Alfonso Durazo Montaño, propuso que las armas que se decomisan a la delincuencia organizada se entreguen a las policías locales.
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El funcionario tomó nota del planteamiento, pero sin dar abiertamente una respuesta negativa, comentó que una manera de garantizar el abastecimiento de armas a las policías estatales y municipales puede consistir en la fabricación de armas a cargo de las fuerzas armadas.
Sandoval González recordó que, por ley, todas las armas y municiones decomisadas a la delincuencia deben ser destruidas, pero aceptó que se analizará de qué manera pudiera atenderse la petición de Durazo Montaño.
GC
