Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan este viernes un paro de labores en 17 entidades federativas del país, en protesta por una evaluación obligatoria aplicable al personal a nivel nacional, la cual califican como una amenaza contra la estabilidad de sus empleos.
La suspensión de actividades afectará los juzgados federales de la Ciudad de México —de las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma—, así como de Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.
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La inconformidad de los trabajadores estalló tras la publicación ayer de un acuerdo del Órgano de Administración Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual avisa de la próxima aplicación de un examen de desempeño, que abarcará a secretarios de acuerdos, actuarios, proyectistas de sentencias y oficiales de los juzgados federales.
Estarán exentos de la prueba el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los magistrados y los jueces federales.
La evaluación se aplicará entre el 4 y el 15 de diciembre, con la publicación de resultados prevista a partir de enero.
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Patricia Aguayo, vocera de los inconformes, criticó la estructura de la prueba al precisar que solo 40% corresponderá a preguntas de conocimientos, mientras que el 60% restante dependerá de opiniones subjetivas y valoraciones de los jueces y magistrados sobre el desempeño del personal a su cargo.
Los empleados rechazan quedar bajo el arbitrio de juzgadores surgidos de las polémicas elecciones del Poder Judicial de 2025, a quienes consideran sin experiencia probada para evaluar su labor cotidiana.
Aclararon que no rechazan la revisión de sus habilidades, pero que proponen utilizar parámetros más objetivos de evaluación, que establezca mecanismos de mejora como capacitación o apercibimientos, sin poner en riesgo la permanencia laboral.
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Ante la movilización, el Órgano de Administración Judicial aclaró mediante un comunicado que la evaluación pretende elaborar un diagnóstico sobre la preparación de la plantilla sin provocar despidos o afectaciones a la estabilidad laboral de los evaluados.
El acuerdo publicado ayer en el DOF pude publicarse aquí.
GC
