El gobierno federal insiste en su argumento que las empresas fabricantes de armas tienen una responsabilidad en la ola de violencia criminal que afecta al país, por lo que interpuso una apelación en contra del fallo del Poder Judicial de Estados Unidos que desestimó su demanda en contra de 11 compañías manufactureras y distribuidores de armas.
La solicitud de apelación se interpuso este miércoles ante la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, estado de Massachusetts, con el propósito de revertir el criterio de una Corte de Distrito, también ubicada en la misma ciudad, que consideró que la demanda de México por comercio negligente contra las empresas de armas carecía de sustento jurídico.
En su resolución, que se dio a conocer a fines de septiembre pasado, el juez estadounidense argumentó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos prohíbe “inequívocamente” los recursos legales que responsabilizan a los fabricantes de armas que sus productos terminen en poder de bandas criminales.
Lo anterior quiere decir que no se puede culpar, como pretende México, a los fabricantes y a sus distribuidores del mal uso de los productos que hagan las bandas criminales.
El despacho de abogados Shadowen PLLC asesora y representa al gobierno mexicano, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en este intento jurídico por hacer rendir cuentas a las empresas demandas, entre la que se encuentran Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms o Sturm, Ruger & Co, Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
Según el gobierno de México, los fabricantes están conscientes de quiénes adquieren las armas, ya que los clientes –organizaciones del crimen organizado— hacen peticiones específicas en materia de funcionamiento y estética. De esta manera, las compañías demandadas también contribuyen al tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia el país.
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La apelación constituye un recurso judicial que corre de manera paralela a otra demanda interpuesta por México ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, estado de Arizona. La acusación va en contra de cinco compañías fabricantes de armas, cuyos productos igualmente han sido utilizados para cometer diversos crímenes en territorio mexicano.
En este caso, las compañías implicadas son Loan Praire, Diamondback Shooting Sports, SnG Tactical, Ammo A-Z y Sprague’s Sports. (Con información de Infobae)
