Jueces y magistrados del Poder Judicial federal emitieron la declaratoria oficial de suspensión de labores a partir del primer minuto de mañana, para protestar en contra de la reforma que pretende reestructurar al sistema de justicia del país.
Se trata de un acto inédito en la historia contemporánea de México que pone en evidencia un choque abierto entre el Poder Ejecutivo, como creador del proyecto de reforma, el Poder Legislativo, que tiene a su cargo la aprobación de la reforma, y el Poder Judicial, que es el sujeto en el que recaerá la reestructuración y que plantea como medida principal, la asignación de jueces, magistrados y ministros por voto popular.
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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) publicó la tarde-noche de hoy la declaratoria de suspensión de labores, después de que ayer una mayoría de jueces y magistrados —1,202 de 1,403 en total— votó a favor de iniciar la medida de protesta a partir de las 00:00 horas del 21 de agosto.
En la declaratoria, los inconformes reiteraron que la suspensión de actividades en juzgados federales y tribunales de circuito se realizará por tiempo indefinido, mientras el Poder Legislativo no retire el proyecto de reforma judicial.
Asimismo, los inconformes pidieron a los representantes del Congreso de la Unión la apertura de una mesa de diálogo, “con facultades amplias para celebrar acuerdos”, en aras de conversar seriamente sobre el polémico proyecto de reforma.
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“Esta declaratoria (…) exige la instalación inmediata de una mes de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso de la Union, con facultades amplias para celebrar los acuerdos lícitos que sean necesarios y para ejecutarlos o proveer su ejecución”, dice el documento.
Asimismo, se reconoce a la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de Jufed, como representante de los jueces y magistrados federales para conversar con diputados y senadores en la mesa de diálogo.
Los inconformes crearán “un Comité para tomar decisiones ejecutivas y vinculantes en la mesa de diálogo”, mismo que estará conformado por Juana Fuentes y otros seis integrantes.
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La declaratoria igualmente establece los fundamentos legales que le permiten a los juzgadores federales participar en el paro de labores, si bien están excluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Entre otros ordenamientos se mencionan la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos; Principios de Bangalore sobre la conducta judicial; la Convención Americana de los Derechos Humanos; el Código Iberoamericano de Ética Judicial; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.
Con base en lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) queda notificado del paro de labores en juzgados y tribunales de circuito por lo que no podrá aplicar sanciones a lo servidores públicos participantes.
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“Esta Declaratoria se comunicará de forma inmediata a la SCJN y al Consejo de la Judicatura Federal, por medio de oficio dirigido a su respectiva Secretaría”, dice el documento.
“Esperamos que las autoridades competentes y, en especial el CJF, respeten puntualmente los derechos (desde luego, los laborales y de seguridad social) de los servidores públicos que trabajan en los órganos jurisdiccionales en los cargos de magistrado, juez, secretario de tribunal de circuito” y otros similares, aclara Jufed.
Ante la relevancia de la prestación de servicios de justicia a la población, el personal de los juzgados federales y tribunales de circuito procesará únicamente casos urgentes, que impliquen juicios de tipo penal, mientras dura el paro de labores.
De manera que no se aceptarán demandas de casos nuevos, ni tampoco se celebrarán audiencias ni diligencias de asuntos que no estén clasificados como urgentes.
GC
