Después de ser arrestado ayer, Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, llegó la mañana de este sábado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, para rendir su primera audiencia ante un juez por las acusaciones que se le han formulado, relacionadas con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos o Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, del estado de Guerrero.
Ayer, las autoridades judiciales informaron que detuvieron a Murillo Karam al mediodía en su domicilio en la colonia Las Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de justicia, en el caso de los estudiantes, a quienes oficialmente se les considera como fallecidos.
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), acompañados de integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron su recorrido desde las instalaciones de la Fiscalía, en la colonia Tacubaya, hasta el penal preventivo varonil norte.
El exfuncionario, quien fungió como jefe de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue transportado en una camioneta color gris y escoltado por vehículos de las fuerzas armadas.
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Su primera audiencia ante un juez comenzó después de las 9:00 horas y se espera que en esta presentación se defina si la detención de Murillo Karam procede conforme a derecho.
Su aprehensión ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), consideró que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre –que conmemora el movimiento estudiantil de 1968—, pero en el camino se vieron involucrados en unos hechos de violencia que todavía no han quedado debidamente aclarados.
Según la polémica versión del gobierno de Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, quien los asesinó e incineró en el basurero de Cocula, para tirar los restos en el río San Juan.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido ese relato, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el argumento de que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Según este último informe “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas.
