Con mayoría de votos, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de 9 votos, la Corte declara la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales 22/23, que modifica las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas”, informó el Máximo tribunal mexicano.

La mayoría de los votos fueron en apoyo al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que solicitó la invalidación de la primera parte del Plan B, al considerar que viola la Constitución mexicana, principalmente su modificación a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “que no son superables”.

A ello se suman irregularidades en el proceso legislativo para su aprobación, toda vez que se avaló en el Congreso de la Unión sin respetar las normas, pues lo avalado fue diferente a lo presentado una sesión previa.

Según el proyecto, los legisladores tampoco tuvieron el tiempo necesario para conocer el Plan B electoral.

“Tengo la convicción de que ningún integrante de la Cámara de Diputados tuvo la posibilidad real de conocer el contenido de las leyes que habían sido aprobadas.

“No se llevó a cabo un auténtico procedimiento legislativo de orden constitucional… El conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una perversión de las reglas democráticas.

“Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible”, expuso Pérez Dayán.

Bajo estos fundamentos, logró el apoyo de su ponente, así como de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

Igualmente, tuvo el respaldo de los ministros Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Laynez Potisek.

En contra votaron Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes señalaron que no existen motivos “suficientes” para invalidar el decreto.

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