Tras ser notificado por la Cámara de Diputados acerca de la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, rechazó de antemano los señalamientos por delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita que pesan en su contra y garantizó que tiene todos los elementos para desmentirlos.
La notificación de la Cámara de Diputados le fue entregada al mandatario estatal la tarde de este lunes, a partir de lo cual García Cabeza de Vaca elaboró una carta pública, en la que da una breve explicación de los hechos que levantaron las sospechas de la FGR y por los cuales pide que se le retire el fuero constitucional para ser procesado judicialmente.
“Los hechos que motivan la solicitud se circunscriben a un supuesto impago de contribuciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento cuya propiedad había sido previamente reportada tanto en mis declaraciones patrimoniales, como las de mi esposa, a finales de 2019”, comentó el mandatario estatal en su carta publicada este martes.
Mientras que la imputación de lavado de dinero proviene del hecho de que la venta de dicho departamento “fue canalizada a través del sistema financiero”; y respecto a la presunta comisión del delito de delincuencia organizada “se sostiene en que varios miembros de la familia habrían participado en la venta”, expuso García Cabeza de Vaca.
El mandatario tamaulipeco —quien milita en el Partido Acción Nacional (PAN)— desestimó la formulación de la solicitud de la FGR de declaración de procedencia, al asegurar que hace referencia a “especulaciones” de otras denuncias y que además no prueba que la investigación en su contra esté relacionada con agencias de seguridad de Estados Unidos.
Por lo anterior, no se le implica en delitos de alto impacto, como narcotráfico o robo de combustibles.
“A diferencia de lo que se ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabando de combustibles (huachicol), narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar”, añadió Francisco García Cabeza de Vaca.
En este sentido, el gobernador pide que se le conceda su derecho a aclarar las sospechas que se han formulado en su contra, “con propósitos políticos y electorales”.
Los diputados están dentro del plazo de los 60 días para analizar la declaración de procedencia para después convertirse en jurados, escuchar a las partes y votar por el desafuero definitivo del gobernador.
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Aunque Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -el partido oficialista- tiene la mayoría absoluta en la Cámara baja, la ley establece que después deben enviar la solicitud al Congreso del estado de Tamaulipas, donde el PAN tiene la mayoría.
Desde el año pasado trascendió en la prensa que la FGR investigaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. (Con información de EFE)
GC
