La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, hasta el momento, su gobierno no tiene pruebas suficientes para acreditar los señalamientos de Estados Unidos contra cuatro personas y 11 empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste, a las que atribuye presuntas operaciones de lavado de dinero, contratos de obra pública y financiamiento de campañas políticas, entre otras operaciones.
“Muchas veces (en Estados Unidos) plantean que hay vínculos con organizaciones delictivas; lo que hemos dicho muchas veces es que nos den las pruebas”, expresó la mandataria en su conferencia matutina, sobre las sanciones que se anunciaron ayer contra las 15 personas físicas y morales.
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Claudia Sheinbaum pidió al gobierno estadounidense que entregue los elementos que sustentan sus acusaciones y distinguió entre las irregularidades financieras y la posible participación en actividades delictivas.
“Una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimientos de que está vinculado con la delincuencia organizada y en general esa información no la provee (Estados Unidos”, dijo la mandataria.
La presidenta explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debe examinar las operaciones y determinar si existen indicios que ameriten una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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Si aparecen elementos sobre posibles delitos, corresponderá a las autoridades ministeriales desarrollar las investigaciones para establecer responsabilidades.
Las declaraciones de Claudia Sheinbaum ocurrieron después de que este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra cuatro personas y 11 empresas mexicanas por sus presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste.
Las medidas implican el bloqueo de bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense y restricciones a las operaciones financieras con personas y entidades sancionadas.
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Según las autoridades estadounidenses, la presunta estructura facilitó el lavado de dinero, actos de corrupción y el financiamiento de campañas políticas, además de obtener contratos públicos en Tamaulipas y Nuevo León.
Uno de los casos es el de Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), que recibió contratos por 109 millones 963,858 pesos de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León.
La OFAC atribuyó a la constructora haber canalizado presuntamente recursos del Cártel del Noreste hacia campañas políticas.
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Sheinbaum Pardo insistió en que la cooperación entre ambos países debe incluir el intercambio de evidencias.
No obstante los comentarios de la mandataria, la SHCP reaccionó ayer al anuncio de la OFAC, al manifestar que la UIF efectuó sus propias indagatorias y detectó movimientos financieros relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de bienes de lujo entre personas presuntamente relacionadas con la red investigada.
También identificó posibles inconsistencias fiscales, operaciones atípicas y sociedades con actividad económica limitada, pero con movimientos de recursos que no corresponderían con los perfiles financieros declarados.
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La dependencia reportó operaciones relacionadas con la adquisición de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, así como actividades de empresas de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.
GC
