La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen por medio del cual se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo, la cual establece medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad y soberanía de los cielos nacionales.

El dictamen –que fue aprobado en comisiones desde el pasado 15 de diciembre— recibió en la sesión plenaria de hoy 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones, con lo que fue turnado a la Cámara de Senadores para su análisis, debate y eventual aprobación.

Se trata de la primera ley de un paquete de reformas que, desde diciembre del año pasado, comenzaron a promoverse en el Poder Legislativo para reestructurar la gestión del espacio aéreo mexicano, como parte de los compromisos del gobierno federal para recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea, a cargo de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

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La nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo plantea la creación de un Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que se encargará de coordinar a las secretarías de Estado y otras instituciones de seguridad pública, con el propósito de garantizar que el Estado mexicano tenga control de los cielos mexicanos y pueda protegerlos de operaciones ilícitas.

El Sistema estará conformado por las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Gobernación (Segob), así como de la Fuerza Aérea Mexicana, el nuevo Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De todas las instituciones mencionadas, el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo será un organismo de nueva creación, que dependerá directamente de la Sedena, y que estará facultado para hacer labores de acercamiento, intercepción aérea, identificación y asistencia de naves que reporten alguna emergencia.

Asimismo, se creará el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección el Espacio Aéreo, encabezado por el presidente de la República, que se convertirá en una instancia superior y que se encargará de formular las políticas públicas de coordinación e intercambio de información entre las instituciones y dependencias de seguridad nacional.

Conforme a las atribuciones que establece la nueva ley, la Sedena se encargará de identificar a las aeronaves sospechosas que operen fuera de la normatividad, mientras que la SICT se ocupará de supervisar que las aeronaves civiles funcionen conforme a la norma.

Entre los argumentos del gobierno federal para impulsar la nueva ley se mencionó el registro de 720 alertamientos aéreos, entre los años de 2018 y 2021, correspondientes a aviones que no volaron con apego a la normatividad.

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Con la nueva ley se pretende acabar con vuelos sospechosos de naves que circulen por los cielos nacionales de manera clandestina, que transporten drogas, armas o sustancias peligrosas.

Previo a la votación, diputados de oposición, como Mirza Flores y Sergio Barrera –ambos de Movimiento Ciudadano (MC)— y Francisco Huacus –del Partido de la Revolución Democrática (PRD)— manifestaron su rechazo a la nueva ley con el argumento de que “se militariza” el espacio aéreo mexicano y que “se entrega” a las fuerzas armadas la seguridad aérea del país, cuando la seguridad pública debe ser una tarea encabezada por civiles.

También lamentaron que el proyecto de ley se haya aprobado de manera apresurada y sin mayor análisis con opiniones de especialistas.

“En lo que no estamos de acuerdo en la bancada naranja es en que se le falte el respeto a esta institución (las fuerzas armadas), al atribuirles facultades que no le corresponden, se les aleja del objeto para el cual fueron creadas. Están queriendo militarizar el espacio aéreo mexicano”, aseguró Sergio Barrera.

(Con información de los diarios El Universal y Milenio)

GC