La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió “blindar” los programas sociales para evitar su uso político este año, con motivo de las campañas electorales para las votaciones por cambio de poderes en Coahuila y el Estado de México, el próximo 4 de junio.
El organismo empresarial, considerado el brazo político del sector privado, refirió en un comunicado que este año el presupuesto para programas sociales aumentó considerablemente, lo que “podría generar suspicacias”.
Por ejemplo, ya que los recursos destinados en 2023 a la ayuda económica para ancianos crecieron 36.6%, mientras que el del programa Jóvenes en Educación Media Superior recibió un incremento de 20%.
AMLO apoya próxima marcha por la defensa de la salud pública… en España
Llegada de turistas extranjeros a México superó en 2022 los niveles pepandemia
México recibió 2 premios LatinFinance por emisiones de deuda pública en 2022: SHCP
Crece intención de trabajadores para adquirir una vivienda: Infonavit
Volkswagen hará paros de labores la siguiente semana en 3 líneas de producción
Coparmex recordó que el Poder Legislativo ha elevado estos y otros programas a rango Constitucional, por lo que no pueden ser eliminados; sin embargo, existe el riesgo de que sí puedan utilizarse como instrumentos de clientelismo político.
El gasto social “es altamente susceptible de utilizarse con fines político-electorales al existir padrones de beneficiarios opacos, al no contar con reglas de operación formales y técnicamente respaldadas, al ejecutarse mediante una red de operadores poco institucionalizados y al entregarse en muchos lugares a través de dinero en efectivo”, advirtió el organismo empresarial.
En este sentido, Coparmex consideró necesario proteger la utilización de la política social en las próximas elecciones estatales de este año, mediante cinco acciones concretas.
Te puede interesar: El BID precisa: no hemos financiado programas sociales de AMLO
1 Focalizar los programas sociales en las personas y familias que realmente los necesitan
2 Garantizar la transparencia de los padrones de beneficiarios, así como de las reglas para incorporarse o salir de los programas
3 Crear “reglas de operación técnicas y formales” para evitar el condicionamiento a los beneficiarios
4 Fortalecer la legislación electoral en aras de combatir prácticas irregulares como el clientelismo político y la compra de votos
5 Exhortar a los ciudadanos para no dejarse sorprender por ningún funcionario o activista político que pretenda condicionarles su registro como participantes de los programas.
GC
