La expedición de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación era una “reforma necesaria” que, lejos de desaparecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), fortalecerá a esta institución al transformarla en un nuevo organismo.
De esta manera, María Elena Álvarez Buylla Roces, directora del Conacyt, defendió la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma en materia de ciencia y tecnología que expidió la nueva ley, misma que ordena la conversión de la institución en el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).
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El pasado 26 de abril, la Cámara de Diputados votó a favor de la reforma sobre ciencia y tecnología y la turnó inmediatamente al Senado para su análisis, debate y eventual aprobación. Los senadores dieron su respaldo a la reforma en una “maratónica” sesión, la madrugada del 29 de abril, en medio de cuestionamientos por haberse pasado de largo el adecuado proceso legislativo.
En la conferencia de prensa de todas las mañanas de Presidencia de la República, María Elena Álvarez Buylla justificó la reforma con el argumento de que los gobiernos pasados hicieron un mal manejo del presupuesto del Conacyt, que terminó en el financiamiento de proyectos de investigación para grandes empresas, en lugar de apoyar a los investigadores y científicos mexicanos.
En el gobierno del expresidente Vicente Fox Quesada se crearon fideicomisos para transferir presupuesto público al Conacyt, un mecanismo que mantuvieron los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto y que permitió destinar unos 45,643 millones de pesos (mdp) entre los años 2000 y 2018, aseguró la funcionaria.
En ese tiempo, unas 2,935 grandes empresas nacionales y extranjeras fueron beneficiadas. Entre otros nombres, María Elena Álvarez Buyalla mencionó a Kimberly Clark, Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Monsanto, Volkswgen, Bayer, BMW Honeywell, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, RH México, Proft Tech e Intel que, en conjunto, recibieron unos 2,667 mdp.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria aseguró que los recursos se entregaron a esas compañías, con la “complicidad” de instituciones de educación superior como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Las empresas no solamente recibían estos recursos con el pretexto de la innovación a fondo perdido, sin que tuvieran algún beneficio para el país. Además, recibían de regreso los recursos a partir de instituciones de educación superior en forma de talento”, dijo Álvarez Buylla Roces.
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En su defensa de la política de ciencia y tecnología de la presente administración, la funcionaria negó que en este gobierno hayan disminuido los apoyos para becas de posgrado, ya que en 2017 –antes de que empezara el sexenio— se entregaron 22,999 becas de posgrado, cuando en 2022 se otorgaron 25,732 becas.
María Elena Álvarez Buylla rechazó las críticas sobre la próxima desaparición del Conacyt, al asegurar que el organismo no se extinguirá sino que se fortalecerá, gracias a la expedición de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Expuso que la institución no solo abarcará a las ciencias exactas, sino también a las humanidades, en aras de impulsar un modelo científico interdisciplinario, con un enfoque más social y humanista.
GC