Las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera aprobaron, con 19 votos a favor y ocho en contra, el proyecto para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo es promover el uso de estas modalidades en los trámites de gobierno y en las operaciones comerciales de los proveedores de bienes y servicios.

El dictamen deriva de una minuta enviada por la Cámara de Diputados y establece una norma integrada por 22 artículos y cinco transitorios. Entre los medios de pago digitales y electrónicos que contempla se encuentran los códigos QR, los dispositivos NFC, las tarjetas de débito y crédito, el servicio de domiciliación y las transferencias de fondos, entre otros, a los que podrán recurrir los usuarios.

La propuesta también define la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para la contratación digital de servicios financieros. Asimismo, incluye las plataformas, aplicaciones web, aplicaciones móviles o similares y, en general, los programas de cómputo, como parte de las soluciones tecnológicas para modernizar los pagos de trámites y servicios.

Para implementar estas modalidades, el proyecto establece que los proveedores de bienes y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar la infraestructura necesaria y promover su uso entre los usuarios. También deberán adoptar medidas para atender y, en su caso, subsanar las contingencias que impidan realizar pagos digitales y electrónicos.

En cuanto a los sectores y actividades en los que se utilizarán estos medios, la norma establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y las actividades relevantes en las que solo se aceptarán pagos digitales. Sin embargo, permitirá el uso de efectivo y cheques cuando alguna contingencia imposibilite esas formas de transacción.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, aclaró que la implementación de la ley no debe interpretarse como la eliminación inmediata o generalizada del dinero en efectivo, sino como el establecimiento de un marco jurídico que permitirá ampliar progresivamente la adopción de medios digitales y electrónicos para pagar trámites, bienes y servicios.

El senador recordó que las experiencias internacionales han sido positivas en la masificación de los pagos digitales, pues estos incrementan los ingresos de los pequeños comercios, reducen las barreras de entrada a la economía formal y detonan el bienestar social. Además, sostuvo que la legislación comprometerá a las autoridades a impulsar la conectividad y a coadyuvar con la política nacional de inclusión.

Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, destacó que la promoción y adopción de las transacciones digitales tiene una dimensión social, ya que una tienda o un taller que opere mediante estos medios tendrá facilidades para registrar sus ingresos, acreditar sus operaciones y acceder a créditos o financiamiento. También podrá ahorrar tiempos de traslado y de espera.

“Una economía digital no es más justa sin no reduce obstáculos, amplía oportunidades y no deja atrás a nadie por su lugar de residencia, edad o nivel de ingresos; no legislamos para las plataformas, sino para hacer más sencillo y seguro el trabajo, las ventas, los ahorros y los trámites de las personas”, agregó el senador.