El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró al Poder Judicial que su gobierno no está de acuerdo con los desalojos de familias de bienes inmuebles y, menos aún, que se solicite el apoyo de la Guardia Nacional para retirar a los ocupantes y a sus pertenencias.
“Ojalá y ya despierten los del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), porque hay jueces que nos piden que la Guardia Nacional desaloje a gente que vive desde hace 30 o 40 años en su colonia”, comentó el mandatario en su conferencia de prensa de todas las mañanas.
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López Obrador recordó que, en agosto pasado, se presentó el caso de un desalojo de “toda una colonia” en el estado de Veracruz, para lo cual los jueces pidieron el apoyo de la Guardia Nacional.
Sin embargo, la autoridad federal no está de acuerdo, al considerar que son recursos legales “injustos” y ligados a la “corrupción”.
“Nosotros no estamos permitiendo (los lanzamientos) y eso también aprovecho para decirlo”, aseguró el mandatario.
La legislación mexicana reconoce el desalojo o lanzamiento de inmuebles, así como los embargos de bienes, después de haberse realizado un juicio con sentencia firme de un juez.
Normalmente, la sentencia de desalojo se ordena cuando los inquilinos dejan de pagar la renta a su arrendatario, los clientes bancarios ya no pagan el crédito hipotecario, en casos de “paracaidistas” que se apropian de terrenos o de viviendas, y también en casos de fraude, cuando el propietario aparente de una vivienda la adquirió sin cumplir con todos los requisitos legales por lo que no es el dueño real, entre otras situaciones.
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El Poder Judicial también solicita el apoyo de la fuerza pública, para enfrentar la resistencia de las familias que recibieron la orden lanzamiento, sobre todo cuando se involucran grupos de choque.
No obstante, López Obrador no dio muestras de comprender los razonamientos legales de los jueces para ordenar los lanzamientos de inmuebles y solo se refirió a casos de corrupción en los que se han involucrado el organismo público Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y grupos de abogados.
“Así era en el sexenio pasado, con unidades habitaciones del Infonavit, y detrás había un gran negocio de abogados que se quedaban con departamentos para venderlos, había una gran corrupción y siempre el influyentismo de gente que se quedó mal acostumbrada a la época de las injusticias y la corrupción”, acusó el mandatario.
GC
