El día de ayer, miércoles 15 de noviembre, más de 120 notarios de la Ciudad de México interpusieron ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, una queja por violaciones a sus derechos humanos imputables a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El origen de dichas violaciones lo constituyen las opiniones y recomendaciones emitidas por la actual Comisionada Presidente, Alejandra Palacios Prieto y otro de sus Comisionados, Alejandro Faya Rodríguez. Los notarios señalan que las opiniones y recomendaciones se dieron por omisión de lo prescrito por la fracción XII del artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), al no observarse los procedimientos regulados en dicha Ley, vulnerándose así la garantía de legalidad, y por consecuencia, el derecho humano al debido proceso de los notarios.
“Entre dichas opiniones, una de las más graves, sostiene que la colegiación obligatoria del gremio notarial daña la economía del país por sus efectos negativos para la competitividad y el emprendimiento”.
Es debido a lo anterior, que los notarios de la Ciudad de México han solicitado al Ombudsman Nacional la adopción de medidas cautelares a fin de frenar la campaña de desprestigio que desencadenó la Cofece y cuyos negativos efectos, de continuar, habrán de producir daños de imposible reparación para los notarios, su imagen y la actividad notarial en su conjunto. El origen de estas violaciones se halla en el hecho de que, indebidamente, la Cofece hizo suyas las conclusiones del trabajo que resultó ganador del ”Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender”, trabajo intitulado “Leyes estatales que regulan los servicios notariales”. Conclusiones que, agregan, aparecieron en el sitio oficial de dicho organismo y en múltiples medios de comunicación, sosteniendo, que la regulación estatal de servicios notariales perjudica a los ciudadanos generando precios más altos dada la escasez artificial de notarios, y que la colegiación obligatoria de los notarios facilita el intercambio de información y la formación de acuerdos entre ellos para fijar precios. Señalan que la violación a la garantía de legalidad y al debido proceso de los notarios, atenta contra los derechos humanos contenidos en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1º, 14, 16, 17, 28 y 133) e, incluso, contraviene jurisprudencia (sentencia Baena Ricardo c. Panamá y la Opinión Consultiva OC-8/87), obligatoria para México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala que:
“(…) cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. (…) En cualquier materia la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos.
  Los notarios de la Ciudad de México consideran que la naturaleza y función que realizan no debe someterse, exclusivamente, a un análisis de orden económico, lo que ha conducido a calificar diferentes aspectos de la actividad notarial como perjudiciales para los ciudadanos y contrarios a la competitividad y el emprendimiento.
“Descalificaciones que vienen produciendo un grave daño a la imagen de los notarios y, por ende, al desarrollo de su función”.
La Cofece estaba obligada, por ley, a realizar un análisis mucho más cuidadoso respecto del papel que juegan los notarios en la economía del país, remarcan. Situación que habría sido posible de haberse respetado el derecho de éste a ser oído, circunstancia que seguramente habría matizado y colocado, en su justa medida, el modo y manera en que la función notarial contribuye a la competitividad, concluyen