Con el fundamento de que se denegará justicia a miles de víctimas, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C, y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford pidieron a la Cámara de Diputados rechazar el recorte al presupuesto del Poder Judicial Federal.
El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PPEF) al Congreso de la Unión, en el que se planteó una disminución de entre 15 y 25 mil millones de pesos para el Poder Judicial.
Lo anterior representa un monto más bajo, en 32%, a lo avalado para este año.
De acuerdo con los abogados, de ser aprobado el PPEF 2024 tal cual, se esperaría una denegación de justicia para miles de víctimas, además de que se socavaría la capacidad del Poder Judicial Federal para hacer frente a las amenazas a la paz y la seguridad de México.
Los litigantes resaltaron en un posicionamiento que “un poder judicial independiente y adecuadamente financiado es crucial para mantener el Estado de Derecho y el acceso a la justicia”. Esto, en un país donde más de 100,000 personas han desaparecido, donde los índices superan los 30,000 homicidios anuales y más de 75,000 mujeres son víctimas de delitos cada año.
“El Estado de Derecho, custodiado por un poder judicial independiente y adecuadamente financiado, también es necesario para promover la inversión, el crecimiento económico y la estabilidad”, resaltaron los litigantes.
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En particular, añadieron, los recortes presupuestales “obstaculizarían las propias reformas de justicia del Estado, relacionadas con el derecho laboral, civil, penal y familiar, las cuales no pueden implementarse sin fondos suficientes y son esenciales para llevar justicia a miles de mexicanas y mexicanos”.
En ese sentido, los abogados acentuaron que “es imperativo que la Cámara de Diputados actúe con responsabilidad y evite un recorte presupuestal que atente contra el Estado de Derecho en México”.
“El acceso a la justicia debe garantizarse como un derecho. No debe ser objeto de cálculos políticos.
“Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que actúe con responsabilidad y evite un recorte presupuestal que atentaría contra el Estado de Derecho en México”, concluyeron.
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