El gobierno capitalino está a punto de incurrir en un error histórico. Miguel Mancera, revisa la posibilidad de regular las tarifas de Uber. Busca castigar y evitar en el futuro lo que originalmente autorizó y permitió el propio gobierno citadino: la aplicación de una tarifa variable en función de la oferta y la demanda en el servicio de transporte privado, que ofrece la empresa Uber. No es una novedad, ni para el gobierno capitalino ni para los usuarios que los precios de los servicios de Uber no son fijos, sino que suben o bajan en función de la propia oferta y demanda. El pecado de Uber fue mantener su tarifa dinámica en una situación extraordinaria: la contingencia ambiental que llevó a restringir también de manera extraordinaria el uso del transporte vehicular. En ese contexto la tarifa variable de Uber reflejó el contexto extraordinario y se fue a casi 10 veces el nivel de la tarifa que cobra en condiciones más o menos ordinarias. El supuesto abuso que habría cometido Uber fue al aplicar, como lo ha hecho desde que inició sus servicios, la tarifa dinámica, en medio de la contigencia ambiental. Hay que decirlo con todas sus letras: el gobierno capitalino conoció y autorizó la aplicación de la tarifa dinámica y ahora no puede llamarse a sorpresa, como tampoco pueden hacerlo los usuarios que son advertidos antes de utilizar el servicio de la tarifa que deberán pagar. CFCE, LA OPINIÓN El máximo órgano de competencia económica, la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios -previo al inicio de operaciones de Uber-, emitió opinión favorable a favor de la empresa, en pleno conocimiento de la tarifa dinámica de esa compañía e incluso invitó a las autoridades gubernamentales a evitar regular los esquemas tarifarios determinados por los proveedores del servicio, en función de la oferta y la demanda del mercado. Entre los puntos que destacó el 10 de junio del 2015 la Comisión Antimonopolios, están (estos servicios de movilidad, también conocidos como Empresas de Redes de Transporte –ERT-), permiten: 1) conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje; 2) planificar automáticamente la ruta, lo que elimina la posibilidad de que los conductores se desvíen de ésta indebidamente y cobren un precio o tarifa más elevados; 3) arrojar una tarifa dinámica, de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda en tiempo real; 4) facturar de acuerdo a las leyes fiscales correspondientes, y desglosar y transparentar la tarifa dando al usuario información suficiente sobre el cobro; 5) que pasajeros evalúen a choferes y, 6) conocer, en tiempo real, la disponibilidad del servicio y los periodos de espera requeridos para iniciar el viaje. POPULISMO ELECTORERO Una vez más, se avecina una decisión populista para quedar bien con los potenciales electores. El secretario de movilidad, Héctor Serrano anunció que el gobierno capitalino analiza la regulación de las tarifas de Uber. Mencionó la recepción de 300 quejas de usuarios que se dijeron engañados, cuando todo el mundo sabe que al solicitar el servicio, a todos se les informa el nivel de veces por el que se multiplica en el momento la tarifa, en función precisamente de la demanda. Sin duda, si se concreta la intención del gobierno capitalino, incurrirá en una decisión eminentemente populista que busca quedar bien con los potenciales electores. CFCE, NO CASTIGA PRECIOS ALTOS Es importante considerar que la ley de competencia no castiga precios altos o utilidades altas, lo que la ley castiga es el abuso de la posición dominante que puede tener una empresa en un mercado para desplazar a sus competidores o afectar el proceso de competencia. Por otro lado, lo que aquí estamos viendo es: 1.-  En un sistema de esta naturaleza, las tarifas se ajustan a las condiciones de mercado. Durante estos días de contingencia (en particular durante la Fase 1), el número de conductores se redujo en un 40 %, vs. un incremento en la demanda del servicio de 60 % (de acuerdo con los datos de la empresa). 2.-   Ahora, es entendible que los usuarios se quejen por los precios altos y prohibitivos que el modelo de tarifa dinámica provocó. A nadie le gusta pagar más de lo que usualmente paga por algo. Pero al final del día, los consumidores son los que toman la decisión y los que premian o castigan a la empresa.  Situaciones extraordinarias no deben automáticamente llevarnos a un sistema de control de precios que podría generar resultados contraproducentes. Una mera alza de precios, más aún si es intermitente, no justifica un control de precios. 3.-   En una economía de libertad de precios, el control de éstos sólo debe darse en casos muy específicos, por ejemplo cuando sólo existe un proveedor y el consumidor no tiene otra opción en el mercado. 4.-  Lo que sí es importante, en términos de protección al consumidor, es que la empresa debe avisar de manera muy clara y explícita la situación de la tarifa dinámica y solicitar la aprobación correspondiente. Debe también considerar las consecuencias que puede generar en términos de su reputación y clientela el subir precios. Es una de las grandes bondades de la competencia. 5.-   En términos generales, los precios y las tarifas señalizan la escasez y la manera como ciertos bienes o servicios están siendo valorados.  En un mercado competitivo y con alternativas esto genera incentivos para incrementar la oferta, lo que a su vez permite estabilizar el precio. Veremos si el gobierno capitalino, como amenaza, lleva a delante una medida política populista. O por el contrario entra en razón y se abstiene de castigar al libre mercado. ¡Al tiempo!