La congresista estadounidense María Elvira Salazar solicitó de manera formal a la oficina del Representante Comercial del gobierno de su país que aborde con las autoridades de México las implicaciones jurídicas del programa de contratación de médicos cubanos en territorio mexicano.
La legisladora advirtió que este esquema puede incurrir en graves prácticas de trabajo forzoso, una situación que resulta violatoria de las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establece claramente la prohibición del comercio de productos elaborados con base en ese tipo de condiciones deplorables.
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Asimismo, en su capítulo 23, el T-MEC establece que los tres países socios se comprometen a combatir dentro de sus territorios cualquier forma de trabajo forzoso.
“México no puede beneficiarse del libre comercio con Estados Unidos mientras permite que la dictadura cubana explote a sus médicos”, acusó la congresista en una carta enviada a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.
Mexico is breaking the rules and helping Havana profit from forced labor. More than 3,000 Cuban doctors are working in Mexico under a program the U.S. State Department has classified as forced labor. That’s why I sent a letter to U.S. Trade Representative Jamieson Greer urging him to hold Mexico accountable under the USMCA and press for an end to this abusive practice. The USMCA is not optional. Mexico cannot benefit from free trade with the United States while enabling the Cuban dictatorship to exploit its doctors.
— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) October 23, 2026
El señalamiento pone la mira en la presencia de más de 3,000 profesionales de la salud procedentes de Cuba que prestan servicios en hospitales públicos mexicanos.
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Las contrataciones comenzaron bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se mantienen activas en la actualidad, recordó la legisladora en su carta.
Según María Elvira Salazar, del Partido Republicano, el contrato entre México y Cuba puede encuadrar en los criterios que el propio Departamento de Estado cataloga como trabajo forzado.
Entre las posibles irregularidades destacan la separación obligada de los médicos de sus familias, limitaciones a su libre tránsito y la retención de una parte sustancial —hasta 95%— de sus salarios a cargo del gobierno cubano.
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Ante esto, la congresista exigió a la oficina del Representante Comercial que aborde este asunto con México en el actual proceso de revisión bilateral del T-MEC, en aras de que el gobierno mexicano cancele el contrato con el gobierno cubano y deje en libertad al personal.
GC
