“La magnitud de los préstamos no productivos en China se ve empañada por la falta de información sobre qué activos se encuentran en los vehículos fuera de balance. Estos podrían interrumpir el crecimiento más allá de China, si no se consideran cambios adicionales en la estructura de los mercados financieros y las instituciones de las principales economías avanzadas y emergentes”, detalla el informe.Por ello, agrega, la sombras en la estabilidad financiera de China, por el grado de endeudamiento corporativo, hacen necesario que la inversión en infraestructura transfronteriza resulte en proyectos económicamente viables. La iniciativa tuvo su primera aparición en 2013, cuando el gobierno chino anunció que buscaba intensificar las vías de transporte con la misma Asia, pero también con África y Europa. De este anuncio derivó el BRI, que conectaría a un 65% de la población mundial; su extensión cubriría tres cuartos de los recursos energéticos globales y pasaría por economías que conforman el 40% del Producto Interno Bruto mundial. Hasta septiembre del año pasado, los fondos disponibles para el mega proyecto llegan a casi un billón de dólares que se destinarías a carreteras, líneas férreas, puertos, redes digitales, oleoductos y gasoductos; y ya habían 40 compañías comprometidas en 1,600 proyectos de infraestructura que conectarían Eurasia y África. Frente a la magnitud del BRI, la OCDE destaca cinco áreas que podrían beneficiar a las inversiones en infraestructura transfronteriza, apegándose a una mayor alineación con los estándares internacionales:
- El papel cada vez más importante de las empresas estatales en la economía mundial exige formas de garantizar la igualdad de condiciones que desincentive los subsidios y los procesos no transparentes y permita a los países receptores beneficiarse de las inversiones basadas en prácticas de gobierno corporativo ampliamente aceptadas.
- Acuerdos abiertos y transparentes para la adquisición, especialmente para grandes inversiones en infraestructura.
- Evitar los altos costos que imponen el soborno y la corrupción. Los costos sociales y ambientales deben tenerse en cuenta al garantizar una conducta empresarial responsable que minimice la interrupción de las comunidades locales.
- Los gobiernos deben realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de implementar proyectos propuestos para instalaciones e infraestructura.
- Se necesitan regímenes abiertos y transparentes para la inversión transfronteriza a fin de reducir los costos y aumentar las opciones con respecto a la tecnología.