Un juez federal estadunidense bloqueó de manera permanente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para sancionar a las llamadas “ciudades santuario”, que acogen a miles de inmigrantes indocumentados en rebeldía contra el gobierno federal. Las ciudades santuario son aquellas que acogen a migrantes, les facilitan trámites burocráticos a pesar de no tener papeles, y sobre todo se niegan a colaborar con autoridades migratorias, por lo que las policías locales no dan apoyo a migración Donald Trump amenazó a las ciudades santuario con recortes presupuestales desde el inicio de su gobierno, el pasado 20 de enero. Sin embargo, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, William Orrick, resolvió que Trump carece de facultades para modificar las condiciones de gasto aprobadas por el Congreso. El juez con sede en San Francisco había suspendido la orden ejecutiva contra las ciudades santuario, pero la administración Trump apeló esa decisión ante la Novena Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos. El caso fue llevado a juicio por los condados californianos de San Francisco y Santa Clara, que demandaron a la administración federal, tras el intento del gobierno de Trump de negarles recursos. En una pasada resolución, que también limitó esos intentos de Trump, el mismo juez Orrick consideró que el presidente excedía su autoridad constitucional al castigar a los gobiernos locales que rechazan sus políticas de inmigración. En esa pasada resolución, ratificada este lunes, el juez Orrick sentenció que Trump no puede obligar a las “ciudades santuario” como San Francisco a cooperar con autoridades de inmigración y cancelar fondos federales. Más de 300 ciudades y condados de todo el país han limitado la cooperación con las agencias de aplicación de las ley que les permite actuar a los funcionarios federales de inmigración que buscan detener y deportar a los inmigrantes por delitos o entrada ilegal al país. Casi 50 gobiernos locales de todo el país, y el estado de California, presentaron argumentos en apoyo de la demanda por San Francisco y el Condado de Santa Clara. Uno de los puntos que causa más polémica entre el gobierno de Trump y las administraciones locales, es la colaboración de las policías de los diferentes condados, con las autoridades migratorias, para la detención de indocumentados. Las “ciudades santuario” afirman que esto se hace para preservar la confianza entre sus residentes y la policía local, y así promover la seguridad pública, alentando a los inmigrantes a contactar a los oficiales y denunciar crímenes y delitos sin temor a la deportación. Trump instruyó el 25 de enero al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional que se aseguren de que “jurisdicciones de santuario”, aquellas que se niegan a entregar la información legalmente requerida a las autoridades de inmigración, “no sean elegibles para recibir subvenciones federales”. AR