Asociaciones y organizaciones privadas de Estados Unidos pidieron a su gobierno un posicionamiento en contra de la reforma judicial de México, la cual podría representar violaciones al tratado comercial entre ambos países y Canadá, el T-MEC.
En una carta dirigida a su secretario de Estado, Antony Blinken, instituciones de sectores manufacturero, químico, tecnológico, de servicios, de tecnología médica, minero y energético, manifestaron su preocupación por las enmiendas propuestas a la Constitución que el gobierno mexicano podría promulgar en el próximo período legislativo ordinario que comienza el 1 de septiembre.
Entre las principales inquietudes, resaltaron que las modificaciones podrían debilitar, e incluso eliminar, a varios órganos reguladores autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, despidiendo a los profesionales expertos que los integran.
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Lo anterior, para codificar el trato preferencial de las empresas estatales sobre las empresas del sector privado; para “debilitar la protección de los inversores”; y para prohibir la venta de ciertos productos agrícolas estadounidenses y tipos de inversiones extranjeras, como la minería a cielo abierto.
“Varias de estas enmiendas parecen violar las obligaciones de México en virtud del T-MEC”, advirtieron.
Añadieron que el proyecto también incluye una propuesta para destituir a todos los jueces y reemplazarlos a través de una elección popular, lo que “plantea riesgos significativos para el estado de derecho fundamental y la administración de justicia en México”.
“Sin la capacidad de los inversionistas estadounidenses de tener un recurso justo y predecible en el sistema judicial de México, la aplicación del T-MEC se verá sometida a una tensión adicional.
“Nos preocupa profundamente que las enmiendas constitucionales perjudiquen no sólo el atractivo de México como lugar para invertir y hacer negocios, sino también el potencial de América del Norte para mantener su posición competitiva en una economía global cada vez más compleja”, acentuaron.
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En la misiva resaltaron que, aunque el gobierno mexicano tiene el derecho soberano de modificar su Constitución, algunos de los cambios propuestos podrían perjudicar la relación comercial y de inversión de larga data entre Estados Unidos y México, así como los derechos de las empresas estadounidenses en virtud del acuerdo comercial.
“Si se aprueban las enmiendas, el resultado generará incertidumbre en nuestras relaciones comerciales, lo que amenaza con socavar las próximas conversaciones del T-MEC como parte de la revisión del acuerdo en 2026.
“Dada la naturaleza rápida de este paquete de cambios constitucionales, le pedimos respetuosamente que plantee estas inquietudes y recomiende al gobierno entrante de (Claudia) Sheinbaum un enfoque más lento y deliberativo”, solicitaron.
Según los empresarios, el acercamiento con el próximo gobierno mexicano es esencial, pues las reformas constitucionales no sólo podrían dañar el atractivo de México como lugar para invertir y hacer negocios, sino también el potencial de América del Norte para mantener su posición competitiva en una economía global cada vez más compleja.
“Con el T-MEC como base para esa posición competitiva, creemos que el gobierno mexicano debería tener en cuenta sus obligaciones y tomar en cuenta el valor del acuerdo para Estados Unidos y México, que se verán comprometidos, si estas enmiendas se promulgan tal como se proponen actualmente”, concluyeron.
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