Los gasolineros resentirán en el bolsillo la más reciente reforma de la Cuarta Transformación para el sector energético: el retiro de regulaciones asimétricas a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), advirtió que el costo de la reforma -que preocupa por su potencial para la restauración del monopolio de Pemex- será elevado para las gasolineros.
Roberto Díaz de León, presidente de la Onexpo, señaló que la más reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos, promulgada la mañana del miércoles, podría costarle a los expendedores de gasolinas en el país 20 mil millones de pesos (mdp) en inversión.
Los cambios promulgados a la Ley de Hidrocarburos retiran regulaciones asimétricas a la petrolera estatal. En materia de competencia económica, la regulación asimétrica es la aplicación especial del marco regulatorio a un agente económico en específico. Suelen aplicarse medidas más estrictas a estas empresas en caso de que su prevalencia en el mercado sea excesiva, tendiendo hacia el monopolio, con el fin de emparejar el terreno para sus competidores.
Desde que la reforma se discutía en el Congreso, tanto el empresariado como analistas de competencia económica advirtieron sobre el riesgo que representaba para el mercado del petróleo en México, ya que podría restaurar el antiguo monopolio de Pemex.
“En esta reconcentración de funciones podría configurarse un mercado monopólico nuevamente de petrolíferos […] Creemos que destruye valor al mercado; destruye valor a los consumidores”, apuntó Díaz de León el miércoles durante un panel organizado por el portal Energy 21.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha impulsado varias reformas para modificar el marco regulatorio del mercado petrolero, de gas y eléctrico. Hace apenas unas semanas se promulgó otra modificación a la Ley de Hidrocarburos, esta para dar a las autoridades federales facultad para retirar permisos a concesionarios en caso de que sus operaciones representen, a su parecer, un peligro para la seguridad nacional.
Susana Cazorla, socia fundadora y consultora de Sicenergy y también participante del panel, comentó que esta reforma sólo sirve para “subir a ley lo que ya está ocurriendo”.
La política energética se ha vuelto un punto de tensión tremendo entre el gobierno lopezobradorista y organismos privados. Mientras que la federación alega que las reformas buscan darle piso parejo a las empresas estatales, además de rescatarlas de un deterioro que sufren desde hace más de una década, la IP considera que los cambios buscan marginar la inversión privada y darle una ventaja injusta a las empresas del Estado.
“Es clarísimo, no hay que interpretar nada: se quiere dar un mayor poder y un mayor control a Pemex sobre los hidrocarburos y se quiere una menor participación de la iniciativa privada”, apuntó Cazorla.
Mientras el gobierno federal y organismos discuten las bondades y riesgos de estas reformas, en tribunales se libra una batalla para determinar si proceden legalmente o no.
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