La representación en México de la Cámara Internacional de Comercio (ICC en inglés) exhortó al gobierno mexicano a cumplir con los compromisos asumidos por el país a nivel mundial en materia de mitigación del cambio climático, al considerar que las más recientes reformas a la Ley de la Industria Eléctrica no contribuyen a estos objetivos.

“La reforma a la Ley de Industria Eléctrica –validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— y su aplicación, por parte de las autoridades gubernamentales especializadas del sector energético, implican una violación a los compromisos internacionales de México, en cuanto a la lucha contra el cambio climático, toda vez que se eliminan incentivos para la generación de energías renovables”, consideró ICC México en un comunicado.

El próximo mes de noviembre se celebrará la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 (COP27), en Egipto, encuentro en el que los países participantes hablarán de sus avances en esta materia.

Sin embargo, ICC México opinó que la mencionada reforma constituye un incumplimiento a los compromisos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), ya que los cambios legislativos modificaron el orden de despacho eléctrico, al dar preferencia a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dejar en segundo lugar a las plantas de energía eléctrica del sector privado, principalmente las de energías renovables.

Actualmente, la mayor parte de las plantas de la CFE producen energía eléctrica a partir de fuentes fósiles como el gas natural, el combustóleo y el carbón.

Esta situación no solo afecta a las empresas privadas generadoras de electricidad, sobre todo de fuentes limpias –eólicas y solares—, sino que también afecta a la sociedad, en su calidad de consumidor de energía, contribuyentes y habitante del país.

“Se afectan los derechos que como ciudadanos se tienen a disfrutar de un medio ambiente sano, disfrutar de los beneficios de la libre competencia, los beneficios que como consumidores tenemos a esperar precios accesibles y mejores servicios”, expuso el ICC.

Pero además la reforma a la Ley de la Industria afecto a los mexicanos “como contribuyentes al gasto público a esperar que este se ejerza de conformidad con los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, para que el aparato estatal se desarrolle ordenadamente”.

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La reforma en materia eléctrica se aprobó en el Congreso de la Unión en 2021, pero fue ratificada por la SCJN en abril pasado al no haberse alcanzado los votos necesarios para declararla inconstitucional. Entre su contenido también cancela los contratos firmados anteriormente entre el gobierno mexicano y los productores privados y elimina la figura de autoabastecimiento.

Por lo anterior, ICC México advierte que las nuevas disposiciones que trae la reforma al sector eléctrico nacional provocan desánimo y falta de incentivos para la inversión privada, que es la que tiene más capacidades financieras y tecnológicas para impulsar los nuevos proyectos de energía, cuando “las plantas de CFE operan con mayores costos y usan tecnologías convencionales, que son más contaminantes”.

“La Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló en 2020, que son requisitos indispensables para que las energías renovables se consoliden como principal fuente de generación eléctrica mundial en el año 2025, los contratos a largo plazo, el acceso prioritario a la red y la instalación continua de nuevas centrales eléctricas cuya fuente sea renovable. Es decir, precisamente aquellas acciones que se están combatiendo con la reforma”, concluyó el ICC.

GC