Tras la publicación de la estimación preliminar del Inegi sobre el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) subrayó que es posible retomar la senda del avance económico del país de manera sostenible y dinámica, no obstante, para ello, es indispensable que se den las condiciones adecuadas, que aún no se presentan. En su análisis semana, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expuso que a fin de alcanzar el “crecimiento potencial” del país (aproximadamente 2.5%), o incluso un ritmo de crecimiento por arriba de ello, como sería 4%, es necesario un reforzamiento del estado de derecho en el país. Asimismo, se requiere de la continuación de la estabilidad fiscal y financiera, mejores políticas de competencia e inclusión, el mejoramiento de los procesos administrativos y judiciales, la regulación mesurada y eficiente, y la reducción de los costos de los procesos económicos -lo que incluye, transporte, seguridad y facilitación del comercio, entre otros-. A lo anterior se debe sumar que los proyectos de inversión pública generen beneficios sociales netos positivos, mediante el uso de metodologías de evaluación estrictas y evitar que el activismo laboral resulte en mermas de competitividad que excluya a México de los mercados internacionales.
“Para que la inversión que pueda generarse produzca mayores frutos en crecimiento, es deseable tomar medidas para elevar la productividad factorial y laboral de la economía, que incluyen aquellas para alentar la formalización del trabajo y la reducción de los costos laborales indirectos”.
La iniciativa privada apuntó que, aunque en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) presentado el 30 de abril se contempla en mayor o menor medida muchos de estos objetivos, conviene señalar que aún falta definir las medidas para lograrlos y el alcance que tendrán. En ese sentido, hicieron notar que no se contemplan “incrementos de impuestos en términos reales ni aumentos a los precios de los combustibles por encima de la inflación” y por ello, el mantenimiento de la salud fiscal llevaría a la necesidad de mayores ajustes a un gasto público ya de por si reducido en los dos años previos y en este, “lo que muy probablemente causaría mayores recortes de inversión pública, dada la importancia y rigidez contractual de la nómina del sector público y la determinación del gobierno de llevar a cabo los programas sociales en su máxima expresión”. Finalmente, la iniciativa privada señaló que generar las condiciones mencionadas es urgente pues, en la medida que el bajo crecimiento del PIB persista, la sostenibilidad del programa económico se podría cuestionar, lo que podría acarrear graves consecuencias en términos de estabilidad macroeconómica.
“Cada vez sería más difícil mantener el plan fiscal ya que inevitablemente los ingresos públicos se reducirán respecto a lo programado”.
erc