Cada año, el gobierno federal desatiende y se aparta de los autorizado por los legisladores en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sobre todo en tiempos electorales, el cual funge como guía del gasto público de cada ejercicio fiscal, señala la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Refiere que, según el más reciente análisis elaborado por México Evalúa referente al Ramo 23, estas diferencias son posibles debido a la flexibilidad normativa de este rubro de gasto que, según la Secretaría de Hacienda, contiene “obligaciones y responsabilidades del gobierno federal que, por su naturaleza, no es posible preever en otros ramos administrativos o generales. Te puede interesar: Acusan a Hacienda de entregar 375,387 mdp a estados sin reglas ni lineamientos Al permitir “adecuaciones presupuestarias” para cumplir los objetivos de los programas, el Ramo 23 se ha convertido en un espacio creciente de discrecionalidad en el gasto público, generando graves distorsiones, advierte la cúpula empresarial:
  1. Se utiliza en un instrumento de control político del gobierno federal sobre los gobiernos estatales.
  2. Permite el ejercicio presupuestal con inspiración político-electoral.
  3. Erosiona el equilibrio en las finanzas públicas porque permite endeudamientos inoperantes para los gobiernos federal y locales.
La Coparmex señala que el gasto que se ejerce mediante el Ramo 23 es muy cuantioso y creciente. En 2017, tuvo un incremento seis veces mayor que el  incremento del gasto en educación. En lo que va de la presente administración, cerca de 318,000 millones de pesos, un equivalente al 30% de los nuevos ingresos, derivados de la reforma hacendaria, se han transferido discrecionalmente a solo tres programas del Ramo 23, asegura.
“El análisis de México Evalúa  evidencia que este gasto tiene un sesgo electoral y partidista, y en un fenómeno que no es exclusivo de los gobiernos de una extracción partidista en particular, presente en las dos últimas administraciones federales”, refiere.
Detalla que un año antes de los procesos electorales para la Presidencia de la República (2011 y 2017, respectivamente), las transferencias en subsidios se concentran en las entidades con gobiernos estatales que comparten filiación partidista con el gobierno federal en turno.
“Es decir, el uso discrecional del gasto no sólo implica un gasto ineficiente del presupuesto, sino que pareciera tener motivaciones de índole política electoral”, señala.

Propuestas

Existen varias y diversas medidas que pueden contribuir a ordenar, limitar y transparentar este gasto. Primero: debe contemplarse la regulación secundaria del Ramo 23 para definir claramente cómo y a quién se otorgarán los recursos. Segundo: fortalecer el profesionalismo y desvinculación partidista, de los servidores púbicos vinculados al diseño e implementación del gasto público. Tercero: regular con mayor contundencia el destino de los los ingresos excedentes y las reasignaciones presupuestales. Cuarto: conformar un Consejo Fiscal Independiente. Quinto: conformación de un Catálogo Nacional de Programas Sociales, un Padrón Universal de Beneficiarios y la Clave Única de Identidad.
“Es tiempo de que se respete íntegramente la legislación en materia presupuestaria y de finanzas públicas. Una regulación inteligente del Ramo 23 debe ser una prioridad. Lograr la máxima transparencia, pertinencia e incidencia social del gasto público,  es un reto impostergable para México”, exhorta en su boletín semanal.
FP