- Se utiliza en un instrumento de control político del gobierno federal sobre los gobiernos estatales.
- Permite el ejercicio presupuestal con inspiración político-electoral.
- Erosiona el equilibrio en las finanzas públicas porque permite endeudamientos inoperantes para los gobiernos federal y locales.
“El análisis de México Evalúa evidencia que este gasto tiene un sesgo electoral y partidista, y en un fenómeno que no es exclusivo de los gobiernos de una extracción partidista en particular, presente en las dos últimas administraciones federales”, refiere.Detalla que un año antes de los procesos electorales para la Presidencia de la República (2011 y 2017, respectivamente), las transferencias en subsidios se concentran en las entidades con gobiernos estatales que comparten filiación partidista con el gobierno federal en turno.
“Es decir, el uso discrecional del gasto no sólo implica un gasto ineficiente del presupuesto, sino que pareciera tener motivaciones de índole política electoral”, señala.
Propuestas
Existen varias y diversas medidas que pueden contribuir a ordenar, limitar y transparentar este gasto. Primero: debe contemplarse la regulación secundaria del Ramo 23 para definir claramente cómo y a quién se otorgarán los recursos. Segundo: fortalecer el profesionalismo y desvinculación partidista, de los servidores púbicos vinculados al diseño e implementación del gasto público. Tercero: regular con mayor contundencia el destino de los los ingresos excedentes y las reasignaciones presupuestales. Cuarto: conformar un Consejo Fiscal Independiente. Quinto: conformación de un Catálogo Nacional de Programas Sociales, un Padrón Universal de Beneficiarios y la Clave Única de Identidad.“Es tiempo de que se respete íntegramente la legislación en materia presupuestaria y de finanzas públicas. Una regulación inteligente del Ramo 23 debe ser una prioridad. Lograr la máxima transparencia, pertinencia e incidencia social del gasto público, es un reto impostergable para México”, exhorta en su boletín semanal.FP