El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2025 establece un monto de 1.08 billones de pesos para todo el sector energético del país, cifra que representa 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y 11.7% del PEF.
Sin embargo, los recursos públicos asignados para energía compiten con otros sectores de la administración pública relevantes para la población, como salud y educación, lo cual indica que las autoridades deberían revisar las asignaciones presupuestales a las empresas públicas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), para dirigir los recursos públicos a la atención de necesidades apremiantes, consideró el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en un reporte.
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Pese a que el presupuesto del sector energético —CFE, Pemex y Secretaría de Energía (Sener) y los órganos reguladores— disminuyó 4.6% en relación con 2024, el monto asignado para 2025 alcanza una proporción de 82.4% del presupuesto para el programa IMSS Bienestar —el servicio de salud universal— o bien todo el dinero que se destinará en 2025 a las becas Benito Juárez para estudiantes.
“Esto subraya la necesidad de reexaminar las prioridades fiscales, equilibrando las transferencias a las empresas públicas con las necesidades críticas de otros sectores. Asegurar la sostenibilidad fiscal del país implica tomar decisiones estratégicas, que no solo maximicen el bienestar social, sino también respalden el desarrollo energético de manera sostenible”, consideró el CIEP en su análisis.
Si bien una mayor parte del presupuesto asignado a las empresas públicas Pemex y CFE está destinada a la operación de sus instalaciones para la provisión de energía a la población, así como a proyectos de crecimiento, existe una partida de 136,349 mdp para Pemex y de 82 mdp para CFE por concepto de “transferencias”, lo cual indica que esos recursos se utilizarán para el “fortalecimiento financiero” de dichas empresas públicas, esto es para el cumplimiento de sus compromisos financieros.
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Una gestión operativa y administrativa diferente y un enfoque del prepuesto concentrado en las necesidades más apremiantes de la población liberaría esos recursos para otras prioridades de los mexicanos que debieran ser atendidos por el gobierno federal, como la salud a la población sin derechohabiencia a la seguridad social, se desprende del reporte del CIEP.
GC
