La eventual aprobación de la reforma minera que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) va a generar retos para las empresas del sector, particularmente en lo que se refiere a los periodos de concesión, señaló Grupo Financiero Monex.
Esta semana, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de reforma que busca cambiar las reglas de la Ley Minera.
Entre sus propuestas está una reducción a 15 años, desde 50, en el tiempo de la concesión, prorrogable por una sola vez hasta por un lapso similar (es decir, de 15 años) y con ciertas obligaciones sujetas a cumplimiento.
“Consideramos que dicha noticia podría implicar retos en el sector minero, particularmente en caso de aprobarse las modificaciones a los periodos de concesión”, comentó Brian Rodríguez, analista del grupo financiero.
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Sin embargo, consideró que es mejor esperar más información para tener más detalles y hacer un mejor balance.
“En otras ocasiones, el Jefe del Ejecutivo ha propuesto diversas reformas, pero posterior al periodo de revisión éstas han sido rechazadas (Reforma Eléctrica en 2022). … nos mantendremos atentos a mayor información relacionada con esta noticia. En caso de aprobarse dicha reforma, será importante evaluar las acciones/estrategias del sector privado para minimizar el riesgo”, expuso en un análisis.
Modificaciones adicionales
Otros cambios propuestos son: el otorgamiento de una concesión a través de un concurso público; la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; la eliminación del esquema de “terreno libre y primer solicitante” (declaratoria de libertad del terreno), y la contraprestación a las comunidades dueñas originales de la superficie (tierra).
“De manera complementaria, nos gustaría señalar que la propuesta apunta a temas estratégicos nuevos/complementarios a la ley actual. Es decir, será clave evaluar las acciones para prevenir y controlar la contaminación (aire, agua, suelo y subsuelo), las causales para la cancelación de las concesiones (falta de informes sobre posibles daños y riesgos), los temas legales de extracción (sin permisos) y la seguridad física de los trabajadores”, dijo Rodríguez.
FP
