El Senado de la República aceptó extender, hasta el próximo 3 de octubre, la entrada en vigor de la tercera y última etapa de la reforma en materia de justicia laboral y libertad sindical, que estaba programada para el 1 de mayo de este año.

Con la reforma en materia de justicia laboral y libertad sindical, que se promulgó el 1 de mayo de 2019, desaparecen las viejas juntas de conciliación y arbitraje, para ser sustituidas por nuevos tribunales de lo laboral, además de que se crean los nuevos centros de conciliación.

En esta tercera etapa, las entidades federativas que adoptarán el nuevo esquema de justicia laboral son Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

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En todas estas entidades deberán quedar instalados los nuevos tribunales de lo laboral, tanto de jurisdicción federal como local, así como los nuevos centros de conciliación, igualmente de las jurisdicciones federal y local.

Además, los estados de Baja California, Baja California Sur y Guerrero, que el año pasado dejaron pendiente la creación de los tribunales y de sus centros de conciliación del ámbito local, también tendrán que dejar en operaciones estas instituciones a partir del 3 de octubre próximo.

La reforma en materia de justicia laboral y libertad sindical pretende impulsar un nuevo modelo en las relaciones obrero-patronales, que aspira a solucionar las controversias laborales por la vía del diálogo y la conciliación, en aras de que el menor número de casos tenga que atenderse por la vía de los juicios, ha informado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Asimismo, el cierre de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto del ámbito federal como local, y la creación de los tribunales del trabajo, federales y locales, tienen el propósito de acabar con la corrupción y la simulación jurídica que se habían convertido en prácticas diarias en las instituciones de justicia laboral en perjuicio de los trabajadores.

Sin embargo, estos cambios de tipo institucional y de procesos implican gastos, inversiones en nuevos inmuebles o el acondicionamiento de instalaciones existentes, así como capacitación de personal que atenderá a los trabajadores y a los representantes de las empresas, de ahí que la reforma en materia de justicia ha tenido que aplicarse en tres etapas.

En enero de este año, en una junta de preparación, las autoridades laborales de las entidades federativas participantes de la tercera etapa solicitaron a la STPS que se prorrogara la fecha límite para la instalación de los nuevos tribunales y de los centros de conciliación, por razones presupuestales y de tiempo, lo cual finalmente fue concedido este martes por el Senado de la República.

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La STPS también ha destacado que la reforma pretende resarcir a los trabajadores, en sus reclamos de una justicia laboral, pronta, expedita e imparcial para atender sus controversias con los empleadores –del sector privado y de algunos organismos de gobierno—, ya que los juicios en las viejas juntas de conciliación podían extenderse más de 10 años.

Pero además, la aplicación de la reforma en justicia laboral y libertad sindical constituye un compromiso de México en el Tratado entre México y Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en aras de hacer cumplir los derechos de la clase trabajadora y elevar los niveles de vida de la fuerza de trabajo en la región de América del Norte.

La STPS ha reconocido las complicaciones presupuestales, técnicas y de capacitación de recursos humanos para la puesta en operación del nuevo modelo de justicia laboral, particularmente en esta tercera etapa, ya que corresponde el turno de entidades federativas con alta contribución a la economía nacional, reconocida presencia de empresas industriales y una alta concentración de trabajadores como son la Ciudad de México y los estados de Chihuahua, Jalisco y Nuevo León.

Como se ha informado, las reformas relacionadas con la libertad y democracia sindical –que incluyen el voto libre y secreto en los recuentos gremiales, la legitimación de los contratos colectivos de trabajo y la ratificación de los registros sindicales, entre otros procedimientos— ya entraron en vigor y están en etapa de cumplimiento por los sindicatos y las bases trabajadoras en todo el país.

GC