Organizaciones civiles solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva a la brevedad la controversia constitucional que interpuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por la omisión de Presidencia de la República para nombrar a los comisionados que hacen falta para completar su pleno de comisionados.
Observatel AC y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México enviaron un exhorto al Máximo Tribunal del país, en el que exigen que atienda a la brevedad posible la controversia constitucional del IFT, identificada con el folio 168/2022, debido a que “está por cumplir tres años operando con un número menor de comisionados al establecido en el texto constitucional”.
Actualmente, el pleno del IFT opera con cuatro comisionados de siete que debe tener en total.
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Las dos organizaciones recordaron que, en noviembre del año pasado pasado, la SCJN declaró inconstitucional que el Poder Ejecutivo sea omiso para nombrar a los comisionados faltantes en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En aquella resolución, el Máximo Tribunal conminó a Presidencia de la República para que, en un plazo de 30 días, entregara la lista de candidatos al Senado de la República, para que en el ámbito de sus responsabilidades, la Cámara alta ratificara los nombres de los expertos propuestos.
De esta orden de la SCJN, el Ejecutivo federal mandó una terna al Senado para ocupar uno de los tres cargos vacantes, de lo que resultó que la abogada Andrea Marván Saltiel fuera ratificada como comisionada del pleno de la Cofece. Este acto ocurrió el 13 de diciembre de 2022.
Con base en este precedente, Observatel AC y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México exhortaron al Alto Tribunal para que actúe en consecuencia ante el reclamo del IFT.
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“Consideramos que el fondo de la controversia interpuesta por el IFT es esencialmente el mismo, por lo que tomando en cuenta ese precedente, la SCJN se encuentra en condiciones de resolver a la mayor brevedad la controversia promovida por el IFT, en los mismos términos que la controversia resuelta en noviembre pasado para el caso de la Cofece”, argumentaron las organizaciones.
Las organizaciones explicaron que la omisión del Poder Ejecutivo para designar a los tres comisionados faltantes del IFT provoca un daño a los ciudadanos, ya que “obstaculiza la función de un importante órgano del Estado mexicano”, además de que impide “sus funciones de tutela efectiva de derechos humanos, entre ellos el derecho de acceso a las telecomunicaciones y la radiodifusión y a las tecnologías de la información y comunicación”.
GC
