La colaboración de México con sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá es un punto de apoyo para atraer inversiones derivadas del proceso de relocalización de empresas o “nearshoring”, sin embargo esto no es suficiente.

México necesita fortalecer y ampliar sus capacidades productivas en aras de mejorar su competitividad económica, lo que pasa necesariamente por una mayor oferta de energía para atender las necesidades de las nuevas empresas que deseen establecerse en territorio nacional, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en el reporte “México necesita energía competitiva para capitalizar el nearshoring”.

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A raíz de la pandemia del Covid-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania, “relocalizar las cadenas productivas a países cercanos, tanto en términos geográficos como ideológicos, se convirtió en una opción para tener cadenas productivas estables y capaces de cubrir la demanda de bienes intermedios y finales”, refirió el Imco, en una reflexión sobre el momento presente que vive la economía mundial.

“En este contexto, América del Norte es un bloque económico idóneo para aprovechar la oportunidad. Además de una cercanía geográfica y una relación con tres décadas de asociación bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el bloque trilateral aporta casi 30% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial”, agregó el reporte.

Si bien la oportunidad está ahí, México tiene que hacer algo más que solo esperar a que las empresas industriales y de servicios, que quieren estar más cerca del mercado norteamericano, se fijen en nuestro país para instalar una planta o un centro de distribución e iniciar operaciones.

El Imco —un centro de análisis del sector privado— pone el dedo en la llaga de la oferta y distribución de energía, particularmente la energía eléctrica, que requiere la planta productiva actualmente operativa y la que pueda llegar en el transcurso de este y los próximos años.

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De entrada, el Imco menciona la necesidad de generar un ambiente de “certidumbre jurídica con pleno respeto al Estado de derecho, que sirva como base para la inversión en infraestructura energética”.

Lo anterior, en referencia a los cambios de política energética que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha tomado la decisión de volver a concentrar la producción de electricidad y de hidrocarburos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), con una cada vez menor participación del sector privado.

Estos cambios han causado desconfianza e incertidumbre entre los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, quienes no tienen la seguridad sobre el rumbo que tomará la industria energética de México.

Otro punto a considerar es el fortalecimiento de un organismo regulador —como la Comisión Reguladora de Energía (CRE)— que sea independiente del gobierno y de los agentes económicos, para tomar decisiones en materia de operación de la industria eléctrica con fundamentos técnicos y de mercado.

“El país necesita fortalecer su infraestructura energética para maximizar los beneficios de la regionalización de las cadenas de valor”, insiste el Imco en su reporte.

¿Qué cambios tiene que hacerse en política energética?

En aras de alcanzar este objetivo, el centro de análisis formula una serie de recomendaciones sobre las acciones de política pública que pudiera emprender el gobierno mexicano, en aras de fortalecer las capacidades competitivas del país en materia de energía eléctrica y que servirán para llamar la atención de las empresas que buscan reubicarse en la región de América del Norte.

Entre otras sugerencias, el Imco propone:

Reactivar las subastas eléctricas de largo plazo,

Otorgar nuevos permisos de generación eléctrica, con estricto apego a la normatividad

Ejercer los recursos aprobados para inversión en infraestructura de transmisión y distribución 

Liberar recursos adicionales para CFE Transmisión y CFE Distribución

GC