Mientras no existan incentivos suficientes para incorporarse a la economía formal, México permanecerá en un entorno de bajo crecimiento y reducida productividad, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), al señalar que los elevados costos de operación, el exceso de regulaciones y la incertidumbre continúan favoreciendo el avance de la informalidad.
En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que, si bien la economía comenzó el segundo trimestre con algunas señales de recuperación, todavía no existen elementos suficientes para anticipar que esa tendencia pueda sostenerse durante los próximos meses.
El CEESP hizo este señalamiento después de que la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un crecimiento mensual de 1.2%, cifra que además de superar la estimación oportuna de 1.0%, representó el mayor incremento mensual desde marzo de 2021.
No obstante, el propio instituto estimó que durante mayo la actividad económica permaneció sin cambios, lo que, de acuerdo con el organismo empresarial, evidencia que la inversión y el consumo continúan mostrando signos de debilidad.
El CEESP consideró que este escenario cobra especial relevancia en un contexto caracterizado por un crecimiento económico limitado y un ambiente de incertidumbre que desalienta la inversión, además de la ausencia de incentivos para la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya existentes. A ello se suma un entorno de exceso de regulaciones y altos costos para operar dentro del marco legal, condiciones que, aseguró, han contribuido a que la actividad informal se fortalezca en los últimos años.
Las cifras más recientes de los Censos Económicos del Inegi muestran que en 2023, el 64.3% del total de las unidades económicas registradas en el país eran informales.
Con información más reciente, el organismo autónomo reportó que al cierre del último trimestre de 2025 la economía informal ya representaba más del 25% del valor agregado total de la economía.
El Inegi también dio a conocer recientemente los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente a mayo. De acuerdo con el reporte, la población en edad de trabajar, es decir, de 15 años o más, ascendió a 105.1 millones de personas, lo que significó un incremento anual de 1 millón 409 mil personas.
Dentro de ese universo, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 62.1 millones de personas, equivalente a un aumento de 460.1 mil personas respecto al mismo mes del año anterior. De ese total, 60.4 millones se encontraban ocupadas, es decir, 437 mil más que un año antes. Sin embargo, en comparación con el mes previo, la población ocupada disminuyó en 194.6 mil personas.
En ese conjunto de resultados, el CEESP destacó como un dato preocupante que 33.4 millones de personas ocupadas laboraban en la informalidad, cifra que representa 424 mil personas más que un año antes. Esto significa que el 55.2% del total de la población ocupada carece de acceso al sistema formal de seguridad social, situación que, afirmó, refleja las dificultades que enfrenta el país para generar empleos formales de calidad.
“En este contexto, la economía informal, que es un fenómeno que por mucho tiempo ha sido una alternativa tanto para un gran número de empresas, principalmente micro, que buscan operar fuera de un costoso sistema tributario y laboral, así como para personas con necesidad de una fuente de recursos para el sustento familiar, se fortalece rápidamente”, alertó.
El Centro agregó que diversos factores impulsan el crecimiento de la informalidad, entre ellos una regulación excesiva y compleja que dificulta la entrada y salida de los mercados, especialmente en los ámbitos estatal y municipal, situación que, en buena medida, puede estar asociada a problemas de corrupción y que desincentiva la participación de empresas y trabajadores en la economía formal. Asimismo, señaló que otro incentivo para permanecer en la informalidad es evitar el pago de impuestos.
Añadió que uno de los factores que más limita la incorporación de las empresas a la formalidad son los crecientes costos laborales derivados de las cuotas patronales al sistema de seguridad social, que incluyen las aportaciones al IMSS, al Infonavit y a las cuentas individuales de retiro en el SAR. De acuerdo con el organismo, estos costos pueden representar hasta el 30% del salario base de cotización, con un impacto particularmente importante para las micro y pequeñas empresas. A ello se suman otras obligaciones laborales como el pago de aguinaldo y la participación de los trabajadores en las utilidades.
“Es evidente que existe un entorno complejo que encarece e inhibe la creación de empleos formales, que impulsa, por ende, la informalidad y aun así los legisladores proponen reformas que incrementan significativamente los costos de contratación”, alertó.
Como ejemplo, mencionó el incremento en el número de días de vacaciones y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, medidas que, sostuvo, encarecen el empleo formal.
El organismo reiteró que mientras no existan los incentivos necesarios para participar en la actividad formal, la economía seguirá atrapada en un ambiente de bajo crecimiento y reducida productividad.
Añadió que para impulsar la formalidad es indispensable reducir los costos de cumplimiento, eliminar trámites excesivos y agilizar los tiempos de respuesta mediante el aprovechamiento de plataformas digitales. Asimismo, planteó la necesidad de establecer incentivos fiscales mediante regímenes tributarios equitativos y de fácil cumplimiento.
Finalmente, sostuvo que también es indispensable garantizar que las contribuciones fiscales se traduzcan en beneficios tangibles para la población, como un sistema de seguridad social eficiente, servicios educativos de calidad, mejores condiciones de seguridad pública e infraestructura, elementos que podrían fortalecer la confianza e incentivar la incorporación de empresas y trabajadores a la economía formal.
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