En la medida que el sistema de pensiones del país está fragmentado en diversos esquemas, con diferentes características y beneficios para los trabajadores, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) propone al nuevo gobierno la creación de un nuevo sistema de pensiones que pueda dar protección universal y garantizar un nivel de vida digno.

Las estadísticas reflejan las graves condiciones de desigualdad que existen en materia pensiones para los mexicanos que alcanzan la edad de jubilación del mercado laboral.

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Al año 2022, había en el país 12.6 millones de personas de más de 65 años, de las cuales solo una tercera parte, 4.1 millones de individuos, recibía una pensión contributiva, es decir la que se garantiza por medio de la seguridad social.

El resto de los ancianos no tenía ese beneficio y solo podía mantenerse ya fuera con su trabajo, ahorros personales, la ayuda de sus familiares o bien con los programas sociales del gobierno.

Además, las mujeres ancianas son el segmento más vulnerable, ya que de los 4.1 millones de mexicanos que recibía su pensión por jubilación, solo 43% era del género femenino.

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En México el régimen de pensiones por jubilación más grande es el que administra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero también existen otros como los que ofrecen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), algunos gobiernos estatales y algunas universidades públicas, sin olvidar los que ofrecen las fuerzas armadas.

“La fragmentación del sistema de pensiones genera una elevada desigualdad de oportunidades para alcanzar un retiro digno, lo que tiene implicaciones negativas sobre la movilidad social. Para contrarrestar este problema se requiere de una pensión mínima básica, fondeada con recursos públicos y complementada con montos proporcionales al ahorro individual”, refiere CEEY a través del reporte “Política pública pensiones de retiro, un enfoque de movilidad social”.

En este sentido, el organismo propone al nuevo gobierno que entrará en funciones el 1 de octubre que impulse una reestructuración del sistema de pensiones del país, con base en los siguientes elementos.

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1 Crear una Ley Marco de Pensiones, que defina los parámetros que deberán regir a todos los esquemas de pensiones del país.

2 Crear el Instituto Nacional de Pensiones de Retiro, que actuará como una entidad coordinadora, encargada de emitir regulaciones secundarias, supervisar a los participantes del sistema de pensiones e impulsar la conformación de un fondo solidario, que permitirá recuperar la mutualidad de la seguridad social.

3 Elaborar estudios sobre el envejecimiento poblacional, la evolución del mercado laboral, los periodos de liberación de los fondos de ahorro para pagar las pensiones a los jubilados, entre otros temas, que estarán a cargo del Instituto mencionado anteriormente.

4 Preparar un plan rector, con objetivos, identificación de fechas clave, e instituciones participantes.

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El CEEY considera que México deberá caminar a la conformación de un nuevo sistema nacional, que deberá componerse de cuatro grandes bloques de fuentes de recursos.

1 Pilar universal no contributivo, que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

2 Pensión garantizada o fondo solidario, que se deberá constituir con 6% de los ingresos mensuales de los trabajadores, para pagar la pensión garantizada y el beneficio básico.

3 Pilar contributivo (SAR) que se refiere a las cuentas de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore).

4 Pilar voluntario, que deberá financiarse con diferentes productos y programas en el sector financiero, incluido el ahorro voluntario en la Afore y los planes privados de pensiones.

GC