La Secretaría de Economía de México confirmó este lunes que ha recibido la solicitud formal del gobierno de Estados Unidos para abrir un proceso de consultas técnicas, con el propósito de abordar sus inconformidades y las de productores norteamericanos respecto a la política del gobierno mexicano en relación con el comercio del maíz genéticamente modificado.
En lo que se abre el proceso, el gobierno mexicano confió en que podrá “demostrar con datos y con evidencia” las bases de sus más recientes disposiciones acerca del maíz genéticamente modificado o transgénico, como también lo denominan las autoridades.
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La etapa de consultas técnicas, que consiste en un proceso de diálogo, negociación y conciliación, es uno de los recursos jurídicos de los que dispone el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para atender las diferencias que surjan entre los países socios.
En el caso particular del maíz, el gobierno norteamericano apela al Capítulo 9 del T-MEC sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, al considerar que ha sido vulnerado por el gobierno mexicano.
El referido Capítulo 9 “establece la posibilidad de iniciar un diálogo de carácter técnico para intercambiar información sobre la medida en cuestión”, informó este medio día la Secretaría de Economía, a través de un comunicado, horas después que la oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos dio aviso sobre la presentación formal de la solicitud de consultas.
Con el propósito de ubicar en su dimensión la etapa de consultas, la Secretaría de Economía comentó que la etapa de consultas “no es de carácter contencioso”, sino que se trata de un recurso en el que “se busca encontrar una solución de manera cooperativa”.
Decreto del 13 de febrero, la “manzana de la discordia”
La mañana de este lunes, la oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos dio a conocer que solicitó formalmente consultas al gobierno mexicano –conforme a las reglas del T-MEC—, para discutir su política sobre el comercio del maíz genéticamente modificado.
En un comunicado, la oficina del Representante Comercial argumentó esta mañana que “las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares de comercio agrícola y además sofocarán la innovación que es necesaria para enfrentar el cambio climático y los desafíos de la seguridad alimentaria”.
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El motivo del “choque” entre los gobiernos de ambos países radica en la publicación de un decreto del gobierno mexicano, el pasado 13 de febrero, que prohíbe la importación, producción y uso del glifosato en la agricultura nacional, y que autorizar parcialmente la importación y utilización del maíz genéticamente modificado o transgénico para la alimentación animal y uso industrial, pero no así para el consumo humano vía la industria masa-harina-tortilla.
Las autoridades norteamericanas consideran insuficiente que México abra el comercio del maíz transgénico solo para alimentación animal y para uso industrial y que deje como excepción la alimentación de la población.
Conversaciones “constructivas”
Al respecto, la Secretaría de Economía recordó en su comunicado que la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, ha mantenido conversaciones “constructivas” con su contraparte, la jefa de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, para abordar lo relacionado con el decreto y “encontrar soluciones que brinden certidumbre a las partes”.
Sin embargo, la dependencia federal ratificó los lineamientos básicos sobre el contenido de su decreto del 13 de febrero.
“El objetivo del decreto es preservar que la tortilla sea elaborada con maíz nativo, asegurando así, la conservación la biodiversidad de las más de 64 razas de maíz que hay en el país, de las cuales 59 son endémicas”, insistió la Secretaría de Economía en su comunicado.
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En este sentido, “México aprovechará este mecanismo previsto en el T-MEC (las consultas) para demostrar con datos y con evidencia que no ha habido afectación comercial y que, por el contrario, el decreto es consistente con el propio Tratado”, agregó la dependencia.
También expuso que para argumentar sus puntos de vista, la Secretaría de Economía se coordinará con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y otras autoridades para conformar e impulsar “la postura del Estado mexicano” en la materia y con la intención de “encontrar una solución mutuamente satisfactoria”.
El tono del comunicado de la Secretaría de Economía fue más mesurado que uno anterior, publicado el 28 de febrero pasado, en el que señaló al gobierno norteamericano de tener “intereses políticos” y no comerciales detrás de sus quejas sobre el maíz transgénico y en el que además lo retó a demostrar que las disposiciones del gobierno mexicano le afectan económicamente.
GC