La posible aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos anticipa “la madre de todas las batallas” para las empresas de energía establecidas en México, ante la ola de juicios de amparo y de otros procedimientos legales que se abran dentro y fuera del país por las compañías que se consideren afectadas en sus derechos.

“A diferencia de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que afectó principalmente a empresas de energías renovables, en el caso de la reforma a la Ley de Hidrocarburos se tocan los intereses de los pesos pesados de la industria energética, grandes empresas internacionales que van a tratar de defenderse. Vamos a ver la madre de todas las batallas”, aseguró Gonzalo Monroy, director de GMEC, empresa de consultoría.

La Cámara de Diputados tiene previsto discutir y eventualmente aprobar la incitativa de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de Hidrocarburos en esta misma semana.

Sin embargo, el contenido de la iniciativa ha causado preocupación entre organismos empresariales como la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) —que representa a los empresarios gasolineros—, así como a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el organismo antimonopolios.

Gonzalo Monroy coincide en que existen aspectos cuestionables en el proyecto de ley, como el hecho de que se faculte a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender los permisos de los privados, en las áreas de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Lo anterior bajo el supuesto de que se encuentren en riesgo la seguridad nacional y la seguridad energética, así como por emergencia económica, que son conceptos “bastante ambiguos”, considera el experto.

“El gran problema es que no se definen los tiempos y procedimientos y estos conceptos de seguridad nacional, seguridad energética y emergencia económica abren espacios para la arbitrariedad y la discrecionalidad de las autoridades, lo que reduce a cero la certeza de las inversiones muchas de ellas ya realizadas”, aseguró Monroy.

También criticó que la iniciativa presidencial plantee la posibilidad de que las autoridades, a través de las empresas productivas del estado, tomen el control de los activos de las empresas cuyos permisos han sido suspendidos, lo que ha sido interpretado como una expropiación.

“Esto es peor que una expropiación, porque las autoridades están obligadas a pagar indemnizaciones a los privados. Pero en este caso suspenden tu permiso, ocupan tus instalaciones y no te tienen que dar nada. No hay un reconocimiento de costos, ni contraprestación por los ingresos no reportados”, hizo ver Gonzalo Monroy.

En entrevista por videoconferencia, el consultor expuso que los borradores del dictamen que preparan los diputados sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos incluyen algunos cambios elaborados por los legisladores sobre la propuesta original, a diferencia de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se aprobó tal cual como llegó.

Sin embargo, Gonzalo Monroy insiste en que la iniciativa de ley en materia de hidrocarburos no es clara sobre cómo funcionará la “expropiación” en los hechos, ya que ante la eventualidad de que hubiera un accidente en las instalaciones que fueron tomadas por el gobierno, ¿quién responderá ante las compañías de seguros por lo que sucedió?

El experto también planteó la posibilidad de que las autoridades pretendan contratar deuda respaldada con las instalaciones de las empresas privadas cuyos permisos se suspendieron, lo que amerita que en la ley queden plasmados los criterios legales, contables y fiscales sobre cómo se tomará el control de los activos de los privados.

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GC