De no ratificarse el acuerdo de suspensión de una cuota compensatoria a las exportaciones de tomate rojo mexicano, que está vigente desde 2019, existe el riesgo de que el gobierno estadounidense imponga un impuesto de 20.91% a ese producto, con las consecuentes afectaciones para los productores mexicanos.
“La continuidad del acuerdo de suspensión es esencial para preservar la estabilidad y competitividad del sector hortofrutícola mexicano”, ya que “México ocupa una posición estratégica como proveedor confiable, eficiente y de alta calidad para el mercado estadounidense”, consideró Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), a través de un comunicado.
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El pasado 15 de abril, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció su intención de terminar el “Acuerdo que suspende la investigación antidumping del tomate fresco de México”, al considerar que no rindió los resultados esperados.
Según las autoridades norteamericanas, el referido pacto no funcionó, porque el fruto mexicano se vende en su mercado a un precio “artificialmente bajo”.
El Departamento de Comercio también anunció que la terminación del acuerdo iba a entrar en vigor al cabo de tres meses, cuya fecha de término será el próximo 14 de julio, lo que abrió un espacio de tiempo para que las autoridades mexicanas intentaran alcanzar un entendimiento con sus contrapartes estadounidenses.
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De momento, el gobierno mexicano no ha informado si ha logrado avances en esta materia, pero GCMA advirtió de los riesgos que representa para el comercio de nuestro país no negociar favorablemente con Estados Unidos.
Un arancel de 20.91% es violatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y supone que las exportaciones de tomate rojo al mercado norteamericano caerán hasta 25% y provocarán una caída pronunciada de los precios para los agricultores.
Pero si el resultado fuera una solución en la que el mercado norteamericano solo aceptara algunas cuotas de tomate mexicano o bien autorizaciones de importación temporal, los impactos sobre las exportaciones y la producción serían un poco menores, aunque sí se encarecerían los costos logísticos.
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En este sentido, lo mejor para México sería que se mantenga el acuerdo de suspensión, porque esto daría certidumbre a los agricultores y exportadores, consideró la empresa de consultoría.
“GCMA hace un llamado urgente al diálogo bilateral, con base en los compromisos asumidos en el T-MEC, para renovar el acuerdo de suspensión antes del 14 de julio. Preservar el libre flujo comercial del tomate no es solo una necesidad sectorial, sino un objetivo común de interés económico, social y geoestratégico para América del Norte”, concluyó GCMA.
GC
