El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que el gobierno federal repitió su mensaje negativo hacia la inversión, ahora con el envío al Congreso de la Unión de las iniciativas para la modificación de la Ley Minera y a disposiciones en materia administrativa.
En su análisis económico ejecutivo semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la iniciativa de cambios a la Ley Minera genera incertidumbre a las concesiones, toda vez que se restringirían a terrenos explorados sólo por el gobierno, y mientras no sean asignados a paraestatales, directamente. Además, su duración se reduciría de 50 años actuales a 15, con la posibilidad de sólo una prórroga.
De avalarse el proyecto, se establecerían obligaciones y causales de cancelación “desproporcionadas y en ocasiones duplicadas con las contenidas en otras leyes”.
En tanto a la iniciativa relativa a disposiciones en materia administrativa, que busca reformar 23 leyes, el CEESP alerta que se ampliaría la discrecionalidad de la autoridad en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión, al “generar incertidumbre total en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos”.
Este proyecto propone ampliar los causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias cuando se considere que afecten el interés público, general o social, eliminando el carácter extraordinario del juicio de lesividad. Solo se requeriría argumentar un perjuicio al Estado o al interés público.
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Plantea también que los actos administrativos puedan ser declarados nulos de oficio o a petición de parte interesada -lo que no existe actualmente- y se incorporan procedimientos retroactivos de responsabilidad administrativa, civil o penal para los particulares.
Asimismo, el CEESP subraya que de avalarse, todos los contratos de adquisición y obras públicas con la Administración Pública Federal tendrán que incluir la “cláusula exorbitante”, que la faculta para terminar unilateralmente cualquier contrato de manera anticipada por causa de interés público.
Además, podrán revocarse contratos y concesiones, así como dar por concluida la relación jurídica de contratos a nivel nacional o internacional en aras del interés público y sin la obligación de resarcir daños.
Igualmente, se eliminaría la disposición de que la expropiación se sujeta a lo dispuesto en los tratados internacionales.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos, estas modificaciones tendrán un impacto negativo en la ya golpeada inversión, que es el motor que impulsa el producto interno bruto (PIB) de forma sostenible, y que en 2022 fue menor en más de 8% a la de 2018.
“Los resultados de este gobierno evidencian un grave deterioro de la economía real y hay signos importantes de insostenibilidad fiscal hacia el futuro, con un alto déficit fiscal, gastos rígidos a la baja y reservas precautorias agotadas.
“Hoy por hoy la mejor oportunidad de crecimiento sostenible de la economía, y probablemente la única, es la relocalización de las inversiones. Urge que se concreten las condiciones para aprovecharla al máximo”, acentuó el CEESP, el cual aseveró que mientras esa es la urgencia, la preferencia del gobierno son “los objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral”.
Con su actitud, añadió, “parecería que quisiera disuadir en vez de alentar la inversión”.
“Es indispensable un cambio de actitud del gobierno frente a la inversión productiva nacional y extranjera. Es una condición necesaria para aprovechar la gran oportunidad de la relocalización. La condición suficiente es que se generen las condiciones para un florecimiento orgánico de la inversión con mayor valor agregado nacional”, concluyó.
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