De la batería de 18 reformas constitucionales y dos a leyes secundarias que presentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, ocho de los proyectos de ley pueden provocar una pérdida de competitividad para México si se aprueban tal como fueron elaboradas, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Para empezar, la reforma en materia de pensiones y jubilaciones, que pretende garantizar a los trabajadores una pensión por jubilación igual a su último salario devengado como trabajador activo implicará una pesada carga fiscal para el gobierno federal, ya que este tendrá que aportar recursos del presupuesto público.

Lo anterior, debido al crecimiento esperado de la población anciana, que pasará de 11.4 millones de individuos en 2024 a 24.9 millones en 2025; y también por el hecho de que actualmente el gobierno federal ya paga 22% del presupuesto público en pensiones por jubilación, lo que incluye las pensiones contributivas como las no contributivas, es decir el programa de Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores.

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“Un incremento adicional limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país”, refirió el Imco en un reporte, con comentarios sobre el contenido de las 20 reformas en total que dio a conocer López Obrador en una ceremonia.

Asimismo, el organismo de análisis manifestó sus dudas sobre la enmienda constitucional, que pretende garantizar al salario mínimo general incrementos anuales mayores o cuando menos iguales a la tasa de inflación observada en el año.

Según el Imco dicha reforma, si bien parece ser noble, en el fondo solo beneficiará a un grupo de trabajadores cuyos ingresos son equivalentes a un salario mínimo; además de que la fijación de un aumento anual superior a la inflación puede convertirse en un factor que encarezca el empleo y que, por tanto, aumente los costos de producción de las empresas, si no se acompaña de otras medidas como mayor crecimiento económico y fortalecimiento de la productividad.

Vinculado con lo laboral, la batería de reformas propone que el Estado otorgue un apoyo económico mensual para jóvenes de entre 18 y 29 años, que no estudien ni trabajen, para que se capaciten en una empresa por un lapso de un año.

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El Imco recordó que esta medida, en caso de aprobarse en el Congreso de la Unión, elevará a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo funcionamiento ha recibido señalamientos y solicitudes de aclaraciones por inconsistencias en su padrón de beneficiarios y falta de controles y seguimiento que, verifiquen la eficiencia del programa para facilitar la empleabilidad de los jóvenes en las empresas formales.

De momento, el programa ha gastado 131,000 millones de pesos (mdp), una cifra que puede elevarse aún más en los próximos años y someter a presiones a las finanzas públicas, ante el uso de un presupuesto que aumentará progresivamente y sin demostrar claramente sus beneficios para la población objetivo.

En su análisis, el Imco igualmente manifestó su preocupación por la iniciativa que pretende eliminar los organismos constitucionales autónomos, ya que en el fondo constituye una “concentración de poder” en manos del gobierno central y una menor rendición de cuentas, por lo cual existe el riesgo de que se tomen decisiones arbitrarias y bajo la sombra de la corrupción.

Se pretende desaparecer los siguientes organismos autónomos y transferir sus facultades a dependencias del gobierno federal.

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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que pasará sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), al Instituto Nacional Electoral (INE) y a otras instituciones públicas.

Comisión Federal de Competencia (Cofece) que pasará sus funciones a la Secretaría de Economía (SE).

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que pasará sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Comisión Reguladora de Energía (CRE) que pasará sus funciones a la Secretaría de Energía (Sener)

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que pasará sus funciones a la Sener

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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que pasará sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)

En particular, la desaparición de Cofece y del IFT también implicará para México caer en incumplimiento de sus compromisos en los tratados comerciales internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exigen la existencia de organismos autónomos que puedan verificar el cumplimiento de las legislaciones de competencia económica y de telecomunicaciones.

En su análisis sobre las reformas de López Obrador, el Imco expresó su escepticismo sobre los cambios que se pretenden hacer al funcionamiento del Poder Judicial, al considerar que constituyen “un atentado contra su independencia y profesionalización”.

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Destaca que se pretenda reducir al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a nueve integrantes y que se eliminen la primera y las segundas salas, para dejar únicamente operación del pleno.

Otro cambio notable es que se pretenda someter a los ministros de la SCJN, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial a votación directa de los ciudadanos, a partir de listas hechas por los Poderes de la Unión.

De autorizarse un cambio de este tipo, se politizarán los asuntos judiciales que llegan a los tribunales, en lugar de que se resuelvan con base en pruebas, argumentos y elementos de técnica jurídica.

Además, “la elección por voto popular es una alternativa que no tiene coherencia con ningún diagnóstico riguroso enfocado en los problemas actuales de la justicia en México”, refirió el Imco.

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En su presentación de las reformas, López Obrador también se refirió a la industria energética y al abasto de agua en el país, áreas en las cuales se vislumbran claros propósitos de cerrar las perspectivas de participación de privados.

El Imco cuestionó  la intención del gobierno federal de elevar a rango constitucional la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la industria eléctrica nacional, lo que desalentará a los inversionistas privados para promover proyectos  en el sector, con la consecuente pérdida de oportunidades para mejorar la eficiencia y los bajos costos en el servicio.

En tanto que la propuesta para impedir el otorgamiento de concesiones de agua para otros usos que no sean el doméstico en zonas de baja disponibilidad igualmente alejará las inversiones que pudieran llegar a determinadas regiones del país.

“Las reformas enviarían un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el estado de derecho”.

GC