La reforma al Poder Judicial que aprobó el Senado de la República pude tener implicaciones negativas para la calidad crediticia del gobierno mexicano, ante el riesgo de que se politicen las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del resto de los tribunales del país.
Moody’s Ratings, agencia calificadora de deuda, consideró no obstante que los riesgos de deterioro de la calidad crediticia de las empresas financieras y no financieras son más moderadas, así como para las empresas de energía eléctrica y de infraestructura establecidas en México.
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En tanto que los bancos tienen un menor posibilidad de que se degrade su calificación crediticia.
“La reforma judicial deteriorará los controles y equilibrios y podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México”, consideró Moody’s Ratings en un reporte, difundido esta tarde.
La agencia calificadora recordó que el Poder Judicial ha detenido disposiciones de gobierno y cambios legales radicales, que pueden vulnerar los derechos de las empresas y de los individuos, lo cual dejará de suceder a partir de la reforma que aprobó el Poder Legislativo.
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Moody’s explicó que México ha tenido un comportamiento favorable en desempeño fiscal y políticas macroeconómicas, lo que ha respaldado su calidad crediticia.
Sin embargo, la agencia calificadora aclara que también se consideran otros factores, como el funcionamiento y solidez de sus instituciones, aspectos que en el caso de México han tenido una imagen menos favorable que otros países de desarrollo similar.
“Sus instituciones más generales han sido una debilidad desde hace mucho tiempo en comparación con otros pares calificados en Baa”, de modo que la reforma judicial “podría debilitar aún más los controles y equilibrios institucionales”, considera Moody’s.
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En este sentido, la calidad crediticia de México puede deteriorarse, a medida que la debilidad institucional afecte a la “fortaleza económica y fiscal” del país.
Como se ha informado, la reforma al Poder Judicial establece que los jueces, magistrados y ministros serán designados por medio de voto popular, además de que están supervisados bajo una nueva institución denominada Tribunal de Disciplina que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En su reporte, Moody’s Ratings consideró que los inversionistas y las empresas han expresado su incertidumbre desde los preparativos de la reforma, a través de la volatilidad financiera de las últimas semanas.
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Sin embargo, hizo ver que “un shock de confianza prolongado podría ampliar los diferenciales gubernamentales y frenar la inversión privada”.
La consecuencia será que la percepción de riesgo de la deuda del gobierno mexicano será más alta y disminuirán las perspectivas de crecimiento económico a partir de 2025.
Este es un panorama con el que tendrá que lidiar Claudia Sheinbaum Pardo, cuando tome posesión como presidenta de México el próximo 1 de octubre.
GC
