El gobierno federal aseguró que las políticas de seguridad pública incluyen labores de monitoreo para hacer la trazabilidad de los combustibles que se comercializan en el país y poder identificar los que son robados o que se importan de contrabando, es decir las prácticas de “huachicol fiscal”.
Así lo informaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y funcionaros de su gabinete de seguridad, como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
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En la conferencia de prensa de todas las mañanas de Presidencia de la República, que este martes se enfocó en seguridad pública, Sheinbaum Pardo mencionó que, gracias a la reforma energética de su gobierno, se puede centralizar en la Secretaría de Energía (Sener) el seguimiento a la comercialización de gasolinas y diésel en el país, algo que se había dividido entre varias instituciones hace dos sexenios.
Pero ahora, la Sener tiene conocimiento del puerto al que llegan los combustibles, quién es su importador —Petróleos Mexicanos (Pemex) o los privados—, quién es el cliente del importador, los lugares de almacenamiento, la distribución a las estaciones gasolineras o su comercialización a las flotillas de transporte.
Asimismo, se ha conformado una mesa de trabajo para darle seguimiento a toda esta información, en la que participan Sener, Pemex, la Agencia de Seguridad Ambiental (ASEA) y otras instituciones.
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En tanto que existe otra mesa de seguridad que igualmente le da seguimiento a la información sobre la importación y exportación de combustibles, para identificar las prácticas ilegales. En esta mesa están sentadas las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
En la conferencia, Alejandro Gertz comentó que, como parte de la persecución del contrabando de combustibles, la FGR ha identificado redes delictivas dedicadas a estos ilícitos.
Mencionó que José Murguía Santiago, expresidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, y sus hermanos están involucrados en una presunta red de “huachicol fiscal”, que a su vez, está relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Los hermanos Murguía Santiago tienen a su cargo unas 210 empresas dedicadas al transporte y distribución de combustibles que, de momento, se sabe que tuvieron alguna participación en los hechos relativos al hallazgo de combustibles almacenados ilícitamente en Ensenada, Baja California, y Altamira, Tamaulipas.
GC
