La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió de los riesgos existentes de aprobarse la ley que busca que los empleadores garanticen el pago de los créditos de nómina a través del salario del trabajador.
“Seremos respetuosos de las decisiones del Poder Legislativo, pero debemos señalar con claridad los serios inconvenientes y posibles afectaciones a la economía de los trabajadores, de autorizarse un esquema legal que, si bien regula, no lo hace de forma equitativa y salvaguardando el interés primordial de los usuarios de servicios financieros”, expuso.
Ayer, la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa de ley, la cual pasó el Senado. Hoy, el legislador Ricardo Monreal dijo que va a guardar en “reposo” en la Cámara Alta.
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Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que, de aprobarse, buscará vetar la ley.
“El dictamen contiene vacíos e inconsistencias que deben solventarse para proteger al trabajador-usuario de los créditos de nómina”, dijo la Condusef, que encabeza Oscar Rosado.
La dependencia aseguró que, desde la presentación del dictamen en el Senado, planteó consideraciones dirigidas a proteger los intereses de los trabajadores-usuarios con cobranza delegada, que actualmente opera al margen de cualquier disposición.
En su opinión, la iniciativa es contrario al principio de progresividad establecido en el artículo 1° Constitucional, en el cual se establece que los derechos no pueden limitarse, restringirse, eliminarse o desconocerse (regresividad) de forma alguna en perjuicio de los ciudadanos.
“Crear la libranza con carácter de irrevocable es una medida que limita totalmente la posibilidad de que los usuarios cambien de institución o tipo de crédito, si éste no resulta conveniente, o bien, encuentran otro esquema de refinanciamiento más benéfico, independientemente de que la diferencia en tasas sea mucha o poca”, señaló en un comunicado.
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La institución destacó que esta reforma prevé obligaciones excesivas para los patrones, entre los que se encuentran los gobiernos federal, estatales y municipales, para dar aviso en 24 horas respecto de la disposición de los recursos del crédito a los acreditados (trabajadores) y acreditantes (Instituciones Financieras), convirtiéndose en depositarios y obligados solidarios con todos los efectos legales correspondientes.
Adicionalmente, la administración de la retención de la nómina y los enteros a la institución financiera se convierten en “una carga” para las áreas de recursos humanos de los patrones, sin posibilidad de realizar cobro alguno.
La Condusef añadió que, además, las “nomineras” han otorgado créditos a trabajadores cuyo riesgo crediticio es bajo, ya que la fuente de pago está garantizada a través del propio salario del trabajador, por lo que no se justifican las altas tasas de interés.
En su opinión, la capacidad de endeudamiento de una persona no debe exceder 35 por ciento de su percepción o ingresos netos, de ninguna forma sobre sus ingresos ordinarios o brutos. “La percepción neta es en realidad el margen estricto de maniobra y de gasto que tienen los ciudadanos para subsistir”.
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