La polémica reforma constitucional al Poder Judicial, que ya fue aprobada en el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, puede ser publicada el próximo 15 de septiembre, día de en que se conmemora el “grito de la independencia de México”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló que la reforma ha cumplido con su trámite legislativo, porque después de que el Senado de la República votó a favor del dictamen la madrugada de ayer, en el transcurso de las últimas horas 18 cámaras de diputados estatales lo han respaldado.
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Lo que falta es publicar la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor.
“Sería bueno que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia”, aseguró el mandatario.
“La reforma ya fue aprobada en 18 congresos estatales, o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy y mañana va a haber otros”, aseguró López Obrador.
En su conferencia de prensa de todas las mañanas, el mandatario rechazó que la reforma al Poder Judicial haya provocado la suspensión o vaya a frenar inversiones nacionales y extranjeras en el país.
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“No es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país o no estaba llegando inversión extranjera, puro cuento”, comentó López Obrador sobre los temores que han manifestados analistas del sector privado y dirigentes empresariales, entre otras voces.
“Nada más para tener una idea, un dato duro: el año pasado logramos récord en inversión extranjera con 35,000 millones de dólares (mdd), un récord en toda la historia”, dijo el mandatario.
Agregó que solamente, en el primer semestre del año, México ha captado unos 30,000 mdd de inversión extranjera en proyectos productivos
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Contra el optimismo de López Obrador, la agencia calificadora Moody’s Ratings opinó este miércoles que la reforma al Poder Judicial de México constituye una “reforma transformadora y controvertida que deteriorará la independencia del Poder Judicial del país”.
Lo anterior, debido a que el nuevo mecanismo de designación de jueces, magistrados y ministros por medio de voto popular debilitará la impartición de justicia, ante al alto riesgo de que los juzgadores politicen la emisión de sus resoluciones, en lugar de aplicar el derecho de manera imparcial.
Frente a este nuevo estado de cosas, se elevará el riesgo de invertir en el país y de hacer negocios para las empresas.
Derivado de un deterioro en el panorama de negocios del país, “las implicaciones crediticias de los cambios podrían ser significativas para la calidad crediticia soberana en México”, advirtió Moody’s Ratings.
GC
