De aprobarse el proyecto de reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ambiente de inversión en México puede verse afectado, ante una menor confianza de los actores económicos en el país, así lo advirtió Fitch Ratings, agencia calificadora de riesgo crediticio.
La reforma —que propone la elección de juzgadores por medio de voto popular— puede disminuir el interés de los inversionistas por establecerse en el país, según un reporte de la agencia informativa Reuters, que cita a Fitch Ratings.
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Además, el clima de negocios para las sociedades no financieras, como las empresas manufactureras y las de comercio minorista, también puede deteriorarse.
Lo anterior, ante la percepción de que la posible designación de jueces, magistrados y ministros en México por voto popular no necesariamente garantiza un Poder Judicial autónomo, capaz de resolver controversias de manera imparcial.
Por lo pronto, la misma agencia Fitch —que evalúa la calidad crediticia de gobiernos y empresas— considera que las empresas establecidas en el país “mostrarán resiliencia” ante el ambiente de incertidumbre que ha despertado en la economía, la mayoría del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso dela Unión.
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Como se ha informado, la incertidumbre se debe a que los actores económicos advierten las facilidades que tendrá el oficialismo —con la ayuda de sus aliados políticos— para sacar adelante reformas a la Constitución Política.
La semana pasada, la misma Fitch Ratings ratificó la calificación de la deuda del gobierno mexicano de BBB- con perspectiva estable, derivado del manejo prudente de las finanzas públicas y del comportamiento favorable de las variables macroeconómicas.
No obstante, la agencia aceptó que la reforma al Poder Judicial federal de México y el proceso electoral de Estados Unidos constituyen dos factores de riesgo para la economía mexicana.
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Actualmente, el proyecto de reforma judicial se encuentra sometido a un debate público, a través de una serie de sesiones de Parlamento Abierto, con la participación de especialistas, académicos, personal del mismo Poder Judicial, legisladores, organizaciones civiles y otros interesados.
En agosto próximo terminarán las sesiones del parlamento abierto, pero en una aparente premura, los legisladores se preparan para iniciar con la elaboración del dictamen del proyecto de reforma, que implica cambios constitucionales.
Ignacio Mier Velazco, diputado federal y coordinador de Morena en la Cámara baja, comentó en redes sociales que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comenzará, a partir del 9 de agosto, a discutir la iniciativa de reforma al Poder Judicial.
Según Mier Velazco, se harán “modificaciones al anteproyecto de reforma”, ya que actualmente “se están sistematizando las propuestas que se han recogido” en el Parlamento Abierto.
(Con información de Reuters)
GC
