Las empresas nacionales y extranjeras tienen en calidad de pendiente varios proyectos de inversión en el país, y en algunos casos se han cancelado, ante la incertidumbre que causa la reforma al Poder Judicial.

Pero además, el sector privado se manifiesta preocupado por otros factores que también inhiben la inversión, que son la inseguridad pública y la falta de energía suficiente.

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Así lo advirtió José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la presentación del estudio “Data Coparmex 2.0”, que refleja la percepción que tienen los empresarios acerca del ambiente de negocios en el país.

En conferencia de prensa para presentar los resultados del estudio, el dirigente empresarial destacó que la polémica reforma al Poder Judicial ha despertado inquietud entre los actores económicos por sus consecuencias para la fortaleza del Estado de derecho.

“La (eventual) elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, eso ha hecho que muchas empresas hayan detenido sus procesos de inversión y que otras las hayan cancelado”, aseguró Medina Mora, sobre las implicaciones que tiene ese proyecto de ley.

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El dirigente empresarial hizo ver que, además de la reforma judicial, los actores económicos igualmente están preocupados por el fenómeno de la inseguridad —vía la extorsión y el robo— y por la disponibilidad de energía eléctrica para las actividades productivas, principalmente renovables.

En este sentido, José Medina destacó la importancia de que el nuevo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo trabaje de la mano del sector privado, para sacar adelante los proyectos de infraestructura y de negocios que se ha planteado para su administración.

El estudio “Data Coparmex 2.0” mostró que 48% de los empresarios consultados reconocieron tener incertidumbre sobre el contexto político de México, después de las elecciones presidenciales del 2 de junio, que dieron el triunfo al oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Presidencia de la República, y que también le otorgaron una amplia mayoría en el Congreso de la Unión, lo que le permite realizar reformas constitucionales.

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Además, 46% de los encuestados dijeron que la inseguridad constituye un elemento en contra de la inversión; en tanto que 46% también aceptó tener incertidumbre sobre el panorama económico del país, por la persistente inflación, las elevadas tasas de interés y el deterioro de las finanzas públicas, por el alto déficit fiscal del gobierno federal que cerrará 2024 con 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Una proporción de 51.3% de los consultados para el estudio manifestaron haber sido víctimas de algún delito en el último año.

Dentro de este segmento, 25% dijo que fue objeto de robo de mercancías, de dinero y de maquinaria o equipo; 16% aceptó que fue objeto de extorsión de la delincuencia organizada, mientras que 15% reportó que enfrentó robos de sus vehículos.

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Según Coparmex, el llamado “cobro de piso” pasó del tercero al segundo lugar de los delitos más frecuentes.

No obstante, ante el temor de represalias de la delincuencia y la desconfianza hacia las autoridades, 77% de quienes dijeron haber perdido sus vehículos por robos presentó la denuncia correspondiente; en el caso del robo de mercancía en tránsito, 63% presentó la denuncia; mientras que solo 26% de quienes fueron extorsionados por la delincuencia acudieron al Ministerio Público.

GC