Bank of America (BofA) advirtió que el proyecto de reforma al Poder Judicial constituye el más preocupante del conjunto de reformas constitucionales que se discuten actualmente en el Congreso de la Unión de México, por sus implicaciones para la política interna y el ambiente de inversión.

En total son 20 los proyectos de reformas constitucionales y de leyes secundarias que promueve el gobierno del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, seis de los cuales tienen una alta probabilidad de ser aprobados en septiembre próximo, entre ellos la reforma al Poder Judicial, refirió BofA en un reporte, que fue retomado hoy por la prensa nacional.

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La discusión y eventual aprobación de estos proyectos generará una alta volatilidad financiera en lo que resta del año. Sin embargo, el banco estadounidense considera que todavía existen oportunidades de inversión en el país a largo plazo.

La reforma al Poder Judicial reviste especial atención porque representa un cambio radical en el sistema de justicia, ya que los jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular.

Así se renovarán 7,293 jueces que están en funciones, al tiempo que serán removidos los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para ser relevados por nuevos integrantes electos en las urnas.

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Un riesgo está en que las elecciones tengan escasa participación de votantes y que los grupos de interés intervengan en el proceso para comprometer a los nuevos jueces.

Otra de las reformas que también tendrán impacto en el ambiente de negocios del país consiste en la eliminación de los organismos constitucionales autónomos, entre ellos agentes reguladores, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La desaparición de esos organismos también causará incertidumbre entre los actores económicos e igualmente puede incurrir en incumplimientos de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que el pacto comercial habla de agentes reguladores independientes.

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El reporte de BofA menciona igualmente que otros proyectos de reforma, sobre maíz transgénico y el estatus legal de las empresas estatales de energía, igualmente pueden ocasionar nerviosismo entre los inversionistas.

El gobierno mexicano pretende que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean reconocidas como empresas estatales con facultades legales para dominar en el mercado nacional, sin que puedan considerárseles como monopolios; en tanto que se prohibirá el maíz genéticamente modificado para consumo humano, salvo aquel grano que se importe y esté quebrado.

BofA advirtió que estos dos temas también pueden considerarse como faltas de México al T-MEC, lo que será discutido por sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá. (Con información de Expansión)

GC