La reforma al Poder Judicial afectará la confianza de los inversionistas en las instituciones de justicia en general y también en la seguridad jurídica que ofrece México.
Asimismo, los inversionistas tendrán una menor confianza en los juzgados federales y tribunales del país especializados en materias como la energética, minera y de telecomunicaciones, entre otros ámbitos, aseguró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), a través de un reporte.
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Como se ha informado, la reforma al Poder Judicial establece un inédito mecanismo de designación de jueces, magistrados y ministros por medio de voto popular, lo que a decir del mismo sector privado expone a los juzgadores a ser cooptados por grupos de interés y a asumir opiniones políticas, más que de técnica jurídica, a la hora de resolver los juicios.
En este sentido, el IMEF y otras organizaciones empresariales, como el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), han manifestado que la introducción de cambios de estas magnitudes erosionan la credibilidad, profesionalismo e independencia del sistema jurídico mexicano, lo cual deteriora el ambiente de negocios.
Asimismo, el IMEF manifestó sus preocupaciones por otra reforma que está pendiente de aprobación y que consiste en la extinción de siete organismos constitucionales autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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“De proceder la eliminación de los órganos autónomos también se tendrían graves consecuencias para la economía y la confianza de los inversionistas, porque se dejaría de contar con organismos técnicos especializados necesarios para evitar la intervención gubernamental sesgada que altere decisiones técnicas de libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano, entre otras situaciones”, advirtió el IMEF.
Tanto la reforma constitucional en materia judicial, como la posible aprobación de la reforma sobre los organismos autónomos, jugarán en contra de la economía mexicana, que resentirá los efectos de una suspensión o aplazamiento de nuevas inversiones productivas, sobre todo las procedentes del proceso internacional de relocalización de empresas o “nearshoring”.
Sin la inversión productiva será difícil crecer para la economía nacional, sobre todo si se toma en cuenta que la presente administración federal heredará al nuevo gobierno un déficit fiscal de 6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implicará que la administración entrante tendrá la apremiante necesidad de hacer ajustes al gasto para reducir dicho déficit.
GC
